Columna | Lo que debe analizarse son los argumentos del juez Concepción Carhuancho

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Durante su visita al Perú a principios de año, el Papa Francisco se preguntó: “¿Qué le pasa al Perú que cada presidente está preso?”. El Papa hubiera podido extender su pregunta a candidatos no victoriosos, a ministros y otros altos funcionarios del Estado. Nos cuesta trabajo reconocer que la empresa Odebrecht y otras fueron capaces de sellar pactos de corrupción con dirigentes de todos los colores políticos.

Ese es el marco en el que debemos comprender la detención preliminar de diez días impuesta a la dos veces candidata presidencial Keiko Fujimori. El mismo juez que ordenó la detención del expresidente Ollanta Humala y su esposa, así como la de poderosos empresarios de la construcción, ha considerado que las mismas condiciones jurídicas están dadas para ordenar esta nueva detención, junto a la de otras 19 personas vinculadas al que es el partido mayoritario del Congreso.

La detención de la lideresa de Fuerza Popular ha producido sorpresa en muchos, indignación entre sus partidarios y ecos en la prensa internacional. El  ex-presidente Pedro Pablo Kuzcynski y hasta la ex primera dama Nadine Heredia han publicado sendos tuits, destacando incluso su condición de madre de jóvenes niñas. Keiko Fujimori ha difundido un texto manuscrito en el que afirma que se trata de una “persecución política” y proclama: “no van a truncar nuestro proyecto político”.  Dice también que la detención se ha producido mientras se presentaba “voluntariamente” a la Fiscalía.

La verdad es que fue convocada “bajo apercibimiento” después de haber faltado a la convocatoria fiscal en varias oportunidades. En un auto de 184 páginas, el juez Richard Concepción Carhuancho concluye que existen indicios suficientes para sostener que la campaña de Fuerza 2011 recibió financiamiento de Odebrecht que fue blanqueado usando a falsos donantes e inflando ingresos de cócteles, cenas y rifas. Eso es lo que debe ser analizado.

La justicia y la política

Nadie debería alegrarse de la privación de la libertad de una dirigente que encarna la esperanza de un sector de ciudadanos. Pero tampoco es aceptable que algunos de sus más cercanos correligionarios denigren las decisiones de la justicia, interpretándolas como fruto de un complot político. En algunos casos quienes dicen eso ahora son los mismos que el año pasado aplaudieron la misma medida tomada por el mismo juez, cuando envió a la cárcel a Humala y su cónyuge. “No es persecución, es justicia y  prueba de la independencia de nuestro Poder Judicial”, dijeron entonces Daniel Salaverry, Miguel Torres y otros.

El Perú necesita orientar sus energías para  mejorar nuestros índices de crecimiento, capital humano y empleo formal, superando las graves carencias que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, en particular los que cuentan con menos recursos económicos. Sin embargo, vivimos atrapados en una confrontación política derivada de los reñidos resultados electorales del 2016. Esa confrontación política es la misma que sesgó ayer el voto de los congresistas que debían pronunciarse sobre la denuncia constitucional contra el congresista Héctor Becerril y el Fiscal Pedro Chávarry: Fuerza Popular y el APRA de un lado, las otras bancadas del otro.

Las reformas que serán sometidas a referendo y la elección de nuevas autoridades municipales y regionales han quedado opacadas por una decisión judicial que aviva las querellas en vez de merecer la reafirmación de los valores republicanos: la independencia de los poderes, la igualdad de todos ante la ley, el respeto a los instituciones.  Si no restablecemos la confianza en las instituciones, comenzando por las judiciales, cada vez que una autoridad extranjera nos visite y se exprese con la misma libertad que el Papa, escucharemos la pregunta: “Qué pasa con el Perú que cada presidente está preso?”.

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