Columna | Sin reformas, el Perú corre el riesgo de llegar al Bicentenario en la peor condición posible

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Ni siquiera en el día feriado en que se conmemora a la santa patrona de Lima y de la Policía Nacional hemos podido vernos al abrigo de denuncias, indicios y afirmaciones en torno a los sombríos personajes puestos en evidencia por las revelaciones en torno a la llamada banda de los Cuellos Blancos del Callao. Pero esta vez no se trata de audios interceptados por la fiscalía que investigaba un caso de narcotráfico, sino del testimonio de un “colaborador eficaz” identificado con el número 108. La referencia figura en el documento de 51 páginas firmado por el Fiscal Supremo Pablo Sánchez en el que pide al Congreso el levantamiento de la inmunidad del Juez Supremo César Hinostroza y otras autoridades del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura.

Al mismo tiempo el informe de la Fiscal Sandra Castro da cuenta de las maniobras con funcionarios y periodistas para evitar la reelección de Pablo Sánchez y asegurar que Pedro Chávarry accediese a la jefatura del Ministerio Público. Los informes fiscales sindican al suspendido Juez Hinostroza como el jefe de la organización criminal Cuellos Blancos y se refieren a reuniones que él habría mantenido con Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular. Keiko Fujimori niega haber tenido contacto con el Juez de marras, pero el congresista Miguel Torres ha reconocido haber compartido con Hinostroza un almuerzo celebrado en el domicilio del empresario, ahora detenido, Antonio Camayo. Tanto Hinostroza como Chávarry desmienten haber cometido actos ilegales y exigen que se precisen los actos que han motivado las denuncias por cohecho, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Perú al Bicentenario 

Lo que está en juego no es solamente la lucha contra la corrupción, por importante que ella sea. Cada vez es más clara la relación entre las investigaciones fiscales y las posiciones de las diferentes fuerzas políticas frente a las reformas propuestas por el Presidente de la República. Keiko Fujimori había reprochado a Martín Vizcarra la voluntad de usar el referendo para “distraer” de “las verdaderas necesidades de la población”. Ahora podemos preguntarnos si la inexplicable exacerbación de las fricciones políticas y constitucionales responde en realidad a otra forma de distracción.

Por ahora, lo único seguro es que cada día resulta más evidente la necesidad de reformar nuestro sistema judicial para evitar que mafias vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado puedan capturar el poder de nuestras cortes y nuestras fiscalías. Si así fuera, el Perú podría llegar al bicentenario de su Independencia en la peor condición posible y mucho de lo avanzado en las últimas décadas corre el riesgo de echarse a perder. Martín Vizcarra ha querido asociar a la indispensable reforma judicial la no menos importante y postergada reforma de nuestro sistema político. El objetivo es promover la participación en la gestión pública de los mejores ciudadanos, garantizando campañas electorales libres del financiamiento ilegal y promoviendo el funcionamiento de un Congreso eficiente, capaz de superar los paupérrimos índices actuales de aprobación ciudadana.

La tradición atribuye a Santa Rosa de Lima haber salvado en 1615 el puerto del Callao del ataque de una flota de piratas holandeses y al parecer el tema figura en las actas de su rápida canonización, proclamada en vida de varios de sus allegados y parientes. Confiemos en que los fieles que han acudido masivamente al Santuario que lleva el nombre de la primera santa de América le hayan solicitado que proteja al Callao por segunda vez, aunque esta vez se trate del ataque de piratas peruanos de cuello blanco.

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