Procurador Anticorrupción sobre presunto ‘Vacunagate’ en Loreto: Implicados enfrentarían penas de hasta ocho años

Las personas implicadas en la presunta vacunación irregular contra el nuevo coronavirus, con dosis del preparado de Pfizer, en la ciudad de Iquitos (región Loreto) enfrentarían hasta ocho años de pena privativa de la libertad.

Así lo indicó a Conexión de RPP Noticias, el procurador Javier Pacheco de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, quien precisó que quienes participaron de esta supuesta vacunación irregular serían investigados por el delito de peculado.

“En principio ellos estarían siendo denunciados por el delito de peculado, como autores y cómplices y podrían recibir hasta ocho años de pena privativa de la libertad”, manifestó el procurador.

Individualización de responsabilidad

El titular de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción indicó que se ha identificado a diversas autoridades y exautoridades de diversos distritos. Además, sostuvo que se ha individualizado la responsabilidad penal en la directora de Promoción de salud de la Diresa de Loreto, por presuntamente haber autorizado la inoculación irregular.

“(En la denuncia presentada hoy) se está individualizando la responsabilidad penal de la señora Clara Bustamante Pezo, directora de Promoción de Salud de la Diresa Loreto, quien presuntamente habría autorizado la vacunación de 66 personas que no estarían dentro del rango o grupo prioritario de adultos mayores”, sostuvo.

Pide sanción adminsitrativa

En esa línea, el procurador comentó que durante la investigación que realice Fiscalía se determinará qué motivó a estas personas a buscar aplicarse la inoculación contra la COVID-19, pese a que no les correspondía. Hizo un llamado también a que se respete la disposición del Gobierno respecto del proceso de vacunación y que los implicados reciban una sanción administrativa.

“Creo que se están dando políticas del Gobierno a quiénes tienen que vacunarse y las personas tienen que respetar esto. Los servidores públicos somos llamados a respetar este orden que ha dado el Gobierno. Además de tomar una sanción penal, que seguramente va a llevar su tiempo, espero reciban una sanción administrativa”, dijo.

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