El exintegrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Gutiérrez, solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que deje sin efecto la orden de impedimento de salida del país por 18 meses que se dictó en su contra a raíz del caso los Cuellos Blancos del Puerto.
El exintegrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Gutiérrez Pebe, pidió a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que deje sin efecto la orden de impedimento de salida del país por 18 meses que se dictó en su contra a raíz del caso " Los Cuellos Blancos del Puerto".
Durante una audiencia virtual realizada el último 21 de octubre, Gutiérrez Pebe y su defensa legal sustentaron la apelación que presentaron para que este colegiado revoque la resolución emita por el Juez Supremo Hugo Núñez Julca, donde le impone dicha medida en este caso.
En dicho recurso, Julio Gutiérrez y su defensa legal precisan que en la resolución del juez Núñez Julca no se acredita un acto concreto que permita concluir que el exconsejero pretende fugar del país ni tampoco se establece cómo es que la medida de impedimento de salida del país resulta indispensable para la averiguación de la verdad, entre otros argumentos.
Por su parte, el fiscal adjunto supremo Martín Salas pidió al tribunal supremo que confirme la medida impuesta a Gutiérrez Pebe afín de evitar el peligro de fuga y de obstrucción de la investigación preparatoria a la que se encuentra sometido el ex consejero por este caso.
Tras escuchar a las partes, la sala suprema informó que notificará su decisión dentro del plazo de ley a través de sus respectivas casillas electrónicas.
La Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos investiga al exconsejero bajo mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida de país por 18 meses por el presunto delito de cohecho pasivo específico a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en el nombramiento de los fiscales adjuntos, Armando Mamani y Juan Canahualpa, así como en la ratificación de Ricardo Chang como juez constitucional de Lima.
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