Walter Gutiérrez criticó la valoración de lo que se considera intento de feminicidio. “Tienes que estar en el umbral de la muerte para decir que hay intento de feminicidio”, comentó.
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, rechazó la reciente sentencia de Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras, e indicó que la decisión de los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho envía un mensaje de injusticia. “Con esta sentencia lo que se está diciendo es que se puede continuar con estas conductas y que habrá impunidad”, comentó en RPP.
El abogado criticó lo que los jueces consideran como tentativa de feminicidio. “El problema es la valoración de la prueba y de los conceptos. Se dice, por ejemplo, que las lesiones no son lo suficientemente gravosas como para corregir que habría intención de matar. Se está poniendo el estándar muy alto porque si quieres que la agresión sea de gran brutalidad, tienes que estar en el umbral de la muerte para decir que hay intento de feminicidio”, apuntó.
Gutiérrez señaló que el video es prueba suficiente de la agresión contra Arlette Contreras. “El video comprueba, en primer lugar, que tenemos a un sujeto arrastrando brutalmente a una mujer. Él además está desnudo. La conduce a una habitación a una mujer que ha sometido y que está huyendo. El conjunto de esos hechos son muy evidentes como para poder dejarlos de lado y decir que no hay quiebre de voluntad de la persona”, explicó.
Crítico al sistema
El defensor dijo también que tanto la tentativa de un crimen es igual de grave que este mismo. “Tenemos dentro del sistema un concepto que, desde mi punto de vista, es equivocado (…) Aquí estamos hablando de realidad de una tentativa porque el delito no se consumó, pero este es tan grave como el asesinato”.
El defensor señaló que el caso de Arlette Contreras aún no ha terminado. “Solamente, aunque es muy preocupante, estamos en la primera instancia. Todavía tenemos una clara posibilidad de revertir esta sentencia”. También señaló que el problema del sistema judicial no solo está en el Poder Judicial, sino también en “los jueces, los fiscales, la policía y el Estado”.
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