El exministro Juan Silva se allana a pedido de impedimento de salida del país

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se allanó este jueves al pedido de impedimento de salida del país por 36 meses solicitado en su contra por el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. 

En la audiencia virtual iniciada esta mañana, el abogado de Silva, quien no asiste a la cita judicial, dijo que rechazaba las imputaciones contra su defendido, que es investigado por presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal en el caso Puente Tarata - Provías Descentralizado. No obstante, informó que el exministro se allanaba al pedido de la fiscalía. 

Según la tesis fiscal, es que el exministro Juan Silva habría cometido hechos presuntamente irregulares en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento a empresarios, entre otros.

En la audiencia de este jueves también se evalúa el pedido de la fiscalía de impedimento de salida del país por nueve meses contra los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. Todos ellos sindicados por Karelim López como 'Los Niños' e investigados por tráfico de influencias agravado.

A la audiencia virtual se presentaron los congresistas Vergara, Mori y Doroteo con sus abogados y los defensores legales de los parlamentarios Flores, Espinoza y López.

Al igual que el exministro Silva, el parlamentario Raúl Doroteo se allanó al pedido de la fiscalía, mientras que los abogados de los congresistas López, Flores y Mori solicitaron al juez Juan Carlos Checkley que se rechace el pedido de impedimento de salida del país.   

Implicados en presunta organización criminal

Tanto el exministro Juan Silva y los congresistas de Acción Popular están involucrados en el caso Puente Tarata - Provías Descentralizado, que involucra también al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, quien hoy está en la clandestinidad. Además se encuentran en la misma situación Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario Pedro Castillo.

La tesis de la Fiscalía se presume que el presidente Pedro Castillo sería el cabecilla de una organización criminal con el propósito de “encontrar proveedores para favorecerlos”. Esto debido a las revelaciones de Karelim López, quien se encuentra como colaboradora eficaz.