¿En qué se diferencia un procurador de un fiscal?

Ambos se dedican a defender los intereses públicos. Unos plantean la defensa del Estado. Otros investigan y acusan el delito, además, de atender casos de la ciudadanía. Los procuradores y los fiscales son importantes actores del sistema jurídico del país, pero guardan diferencias entre sí.

Tareas de los procuradores. Son abogados y representantes del Estado. Deben denunciar casos que hayan perjudicado al Estado y plantear su defensa. También abogan ante las demandas que los ciudadanos o personas jurídicas presentan contra las entidades estatales.

Son designados y dirigidos por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, al que deben informar sobre los procesos que siguen. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado está adscrito al Ministerio de Justicia. Actualmente, es liderado por la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, tras la salida de Julia Príncipe del cargo.

Los procuradores especializados investigan y denuncian a quienes afecten directamente al Estado en casos de corrupción, lavado de activos, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, delitos ambientales, entre otros.

Cada institución pública, incluidos los gobiernos regionales y la Fiscalía, tienen un procurador. La defensa puede ser supranacional si es que el caso se eleva al fuero de un órgano judicial extranjero como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tareas de los fiscales. Son abogados que trabajan directamente para el Ministerio Público, una entidad autónoma que no responde a ningún poder constituido en el Estado. Su función principal es investigar casos delictivos desde la etapa policial, reunir pruebas y acusar al implicado ante el Poder Judicial. Hay fiscales especializados en los ámbitos penal, civil, familia y prevención del delito.

Los fiscales representan a la sociedad peruana por considerarla víctima potencial de cualquier delito particular que se investigue. Son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura y liderados por el Fiscal de la Nación. Este último es designado por la Junta de Fiscales Supremos en votación cerrada. Pablo Sánchez tiene este cargo desde el 2015. 

El Ministerio Público también busca prevenir el delito a través de programas y campañas de información. Su jerarquía está compuesta por el Fiscal de la Nación, los fiscales supremos, los fiscales superiores, los fiscales provinciales, los fiscales adjuntos y las juntas de fiscales. Sin embargo, cada fiscal actúa de forma independiente y aplica su propio criterio.