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Fiscalía pide 20 años y 6 meses de prisión para tres policías por presunta tortura y violación sexual contra Azul Rojas

En noviembre del 2022, el Estado pidió perdón a Azul Rojas por disposición de la CIDH.
En noviembre del 2022, el Estado pidió perdón a Azul Rojas por disposición de la CIDH. | Fuente: Composición RPP

El deleznable hecho ocurrió en febrero de 2008 en la región de La libertad.

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La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad solicitó 20 años y seis meses de prisión en contra de los policías Juan Isaac León Mostacero, Dino Horacio Ponce Pardo y Luis Miguel Quispe Cáceres por el caso Azul Rojas.

Los agentes PNP son acusados de la presunta comisión del delito tortura y violación sexual en agravio de la ciudadana Azul Rojas Marín.

De acuerdo con el Ministerio Público, este requerimiento fiscal corresponde a los hechos ocurridos el 25 de febrero de 2008, fecha en la que la agraviada fue detenida, sin motivo aparente, por los agentes policiales, quienes, al enterarse de que era una persona de la comunidad LGBTIQ+, la insultaron y golpearon para, posteriormente, subirla a un vehículo policial y dirigirla a la Comisaría de Casa Grande en la región de La Libertad. 

“En esta dependencia policial, los acusados la golpearon, insultaron y violaron; constituyéndose todas estas agresiones un acto de tortura”, detalló el organismo público en un comunicado.

La coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, fiscal superior Raquel Cárdenas Manrique, dijo que el “Ministerio Público viene desplegando esfuerzos diligentes para proteger y garantizar los derechos de las personas trans, a través de la prevención del delito y la investigación de los actos de violencia hacia este grupo vulnerable”.

Cabe resaltar que el 6 de abril del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló contra el Perú por este caso. La entidad consideró que la víctima sufrió la violación de sus derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a torturas, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

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