El excongresista de Fuerza Popular es investigado por el caso 'Los temerarios del crimen' y se le acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal.
El Poder Judicial dictó este miércoles 36 meses de impedimento de salida del país para el excongresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril Rodríguez , investigado por el caso 'Los temerarios del crimen'.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundada la media contra el exparlamentario como parte de las acciones de la investigación preliminar abierta en su contra por los presuntos delitos de de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal.
El miércoles pasado, La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solicitó al Poder Judicial 36 meses de impedimento de salida del país contra Becerril Rodríguez. De acuerdo con la tesis de fiscalía, el excongresista fujimorista estaría vinculado con la banda criminal 'Los temerarios del crimen' y con una denuncia del exalcalde del distrito de Aucallama, Pedro Salguero Dulanto.
Ante esta solicitud, el juez Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, programó una audiencia de evaluación de la medida para el lunes 3 de agosto a las 9 de la mañana, la que se realizó de manera virtual.
El último 10 de julio, la titular del Ministerio Público presentó dos denuncias constitucionales en contra del excongresista por los presuntos delitos mencionados anteriormente.
En la primera de ellas se le imputa haber aprovechado su cargo en el Congreso y ofrecido gestionar el presupuesto de la Municipalidad de Aucallama, en Huaral. Según la denuncia, el exlegislador habría hecho esto a cambio de que esta municipalidad cumpla con pagar una deuda a una empresa presuntamente vinculada a su hermano.
La segunda denuncia es por sus presuntos vínculos con 'Los temerarios del crimen', supuestamente liderada por el detenido exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel. Según esta denuncia, Becerril habría gestionado la asignación de presupuesto que era captado por la organización municipal a cambio de beneficios personales para él.
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