El fiscal de la Nación Pedro Chávarry afirmó que José Domingo Pérez no lo puede citar a declarar como parte de la investigación a Fuerza Popular debido a que es "su inferior". ¿Qué tanto asidero tiene esta afirmación de acuerdo con la ley? RPP te lo explica.
El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato anunció su intención de pedir la declaración del fiscal de la Nación Pedro Chávarry, en el marco de la investigación que el primero realiza por los presuntos aportes ilegales de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.
En respuesta, Chávarry señaló este viernes que Pérez Gómez no lo puede citar debido a que "es su inferior". ¿Hasta qué punto es cierta esta afirmación?
Lo que dice el Código Procesal Penal
El Código Procesal Penal señala que, en principio, “toda persona es hábil para prestar testimonio”, exceptuando a personas inhábiles por razones naturales o impedidos por ley (Artículo 162°). En tanto, el Artículo 163° indica que “toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legales correspondientes”.
El Artículo 167°, referido al Testimonio de Altos Dignatarios, incluye a altos funcionarios como el presidente de la República, los congresistas, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional, vocales de la Corte Suprema y el fiscal de la Nación. Es decir que nada impediría que Chávarry pueda ser citado por Pérez Gómez.
Cuestión de jerarquías
Sin embargo, el abogado penalista y docente Pedro Alva Monge asevera que existe un principio de jerarquía establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual impide que fiscales de rango inferior, como el fiscal provincial Pérez Gómez, pueda citar a un fiscal de rango superior, como Pedro Chávarry en su rol de fiscal supremo.
“La función fiscal se rige por el principio de jerarquía: fiscal supremo, fiscal superior y fiscal provincial. Entonces el fiscal provincial es incompetente en razón de jerarquía para poder citar a un fiscal supremo, solo podría citar a un fiscal supremo otro fiscal supremo. Un fiscal provincial no puede iniciar investigación, no puede acusar, ni puede llamar a declarar a ningún juez supremo”, explicó Alva Monge en entrevista con RPP Noticias.
Si bien señala que se debe tomar en cuenta el principio de objetividad del Código Procesal Penal, subraya la importancia del principio de jerarquía de la Ley Orgánica del Ministerio Público. “El procedimiento para altos funcionarios [del Código Procesal] es el que se tendría que cumplir, pero estos altos funcionarios deberían ser investigados por otros altos funcionarios”.
Asimismo, descartó que José Domingo Pérez pueda solicitar a un fiscal de rango superior que llame a declarar a Pedro Chávarry. “No es una cuestión de petitorio, es cuestión de que si el fiscal supremo decide abrir investigación. Si un fiscal provincial pida a un fiscal supremo que investigue a otro sería ‘sacarle la vuelta a la ley’. Lo que el fiscal supremo debe hacer es tomar conocimiento un acto y por ‘motu proprio’ iniciar una investigación”, continúa Alva.
Pérez vs Chávarry
En vísperas, durante la audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori, Pérez Gómez dijo lo siguiente: "Tenemos que hacer todas las diligencias de corroboración de las actuaciones que se han ido recabando últimamente, las ampliaciones que ha solicitado la defensa de Fujimori, de funcionarios de la empresa Odebrecht. [Así como] las diligencias para recabar documentos en el Congreso, si este ente lo permite; de funcionarios que han sido mencionados, y finalmente la declaración de Pedro Gonzalo Chávarry en la presente investigación".
En respuesta, Chávarry señaló este viernes que José Domingo Pérez no lo puede citar como parte de las investigaciones que realiza a los aportes de campaña del partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, debido a que "es su inferior".
"Él no me puede citar porque es mi inferior. Por mi jerarquía él no me puede citar a mí", dijo Chávarry tras confesar que desconocía el pedido del fiscal que viene sustentando la prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros involucrados en la campaña electoral del 2011.
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