El fiscal del equipo especial del caso Lava Jato indicó que consideran que la medida restrictiva que Keiko Fujimori merece es la de prisión preventiva.
El fiscal José Domingo Pérez se mostró a favor de la reprogramación de la audiencia de solicitud de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. A su salida de la sede judicial y en medio de fuertes medidas de seguridad, el fiscal señaló que está favor de la medida para evitar así que la defensa alegue vicios en el proceso y pida la nulidad.
Además, se mostró confiado de que “en esta instancia vamos a lograr” la prisión preventiva.
“Son todos los elementos de convicción que considera la Fiscalía que Keiko Fujimori merece la medida de prisión preventiva. Consideramos que en esta instancia lo vamos a lograr. […] No voy a entrar a hacer mayor alegación respecto al contenido, pero desde el momento que la Fiscalía considera, no ahora sino desde octubre, que se dan los presupuestos procesales para que Fujimori esté con prisión preventiva”, dijo.
“Son aspectos que se van a señalar en las audiencias correspondientes […] Como parte del equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela, estamos confiados que el juez nos va a dar la razón para imponer prisión preventiva, como los jueces de la justicia ordinaria lo habían dado anteriormente antes que el Tribunal Constitucional diera un fallo cuestionable”, añadió.
El fiscal José Domingo Pérez ha pedido al juez Víctor Zuñiga que dicte 36 meses de prisión preventiva alegando que existe peligro de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Keiko Fujimori, a raíz de nuevas pruebas surgidas en los últimos meses.
El fiscal Pérez estima que existen nuevos elementos contra Keiko, a la que acusa de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas electorales del 2011 y 2016.
A la acusación de lavado de activos, Pérez quiere sumar las de obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal. El fiscal estima que los nuevos elementos incrementarían el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.
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