El fiscal provincial José Domingo Pérez dijo a RPP Noticias que los investigados por corrupción están aprovechando la coyuntura de la COVID-19 para solicitar sus excarcelamientos.
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Congreso, para excarcelar a los presos que no tengan sentencia, sigue levantando polvo. En entrevista con Jaime Chincha, para RPP Noticias, el fiscal provincial José Domingo Pérez calificó de "aprovechamiento" y "oportunismo" a las defensas de acusados por corrupción que se encuentran presos sin sentencia, y quienes podían salir de prisión por la amenaza de la COVID-19.
"Los casos que se ventilan en la corte son de crimen organizado por corrupción y lavado de activos, no son delitos menores, son delitos graves y ahí viene la pregunta: ¿La población penitenciaria que ha sido estimada por el INPE (30 mil internos sin condena) se va a reducir excarcelando a los internos de estos graves casos? No. Solo a nivel de la Fiscalía tenemos a 17 personas procesadas con pedidos de prisión preventiva", señaló.
Sobre la liberación de Keiko Fujimori
Luego que el Jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, anunciara la presentación de un recurso de casación contra la liberación de Keiko Fujimori, José Domingo Pérez apoyó esta decisión y manifestó que la libertad de la lideresa de Fuerza Popular no tiene sentido, pues una de las restricciones es que no puede comunicarse con investigados del caso; como su abogada, Giuliana Loza; y su esposo, Mark Vito Villanela.
"Estamos ante una decisión arbitraria e imparcial, la sala ha tomado la decisión sin tener el expediente fiscal porque la Fiscalía no pudo estar en la audiencia. (Keiko Fujimori) No se puede comunicar con su abogada, porque es investigada, ni con su esposo porque también está siendo investigado, tampoco se puede comunicar con ningún miembro de Fuerza Popular, entonces no entendemos cuál fue el razonamiento de la sala para quitar esta restricción (de prisión preventiva)", señaló.
Retroceso en la lucha contra la corrupción
Por su parte, la fiscal del Equipo Especial "Cuellos Blancos", Rocío Sánchez, dijo a RPP Noticias que este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo podría ser un retroceso en la lucha contra la corrupción, en la cual ha trabajado la Fiscalía durante años.
"Esta pandemia evidencia las consecuecias de la corrupción en nuestro país. No podemos atender servicios esenciales básicos en establecimientos de salud, por ejemplo. La situación concreta no debería permitir el egreso de internos por delitos graves como organización criminal, corrupción de funcionarios o lavado de activos. Estos delitos no merecen ningún beneficio. El argumento de una pandemia, que sigue siendo una probabilidad (de contagio dentro del Penal), no puede ser incorporada como elemento de convicción dentro en este proyecto (presentado por el Ejecutivo)", manifestó.
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