Tres expertos en el sistema de justicia presentan propuestas para reducir hacinamiento en cárceles

Por Catalina Quinto

El brote de la COVID-19 nos muestra las grandes debilidades de un país donde muchos creían estar enrumbados hacia el primer mundo. Los motines realizados por los internos en los penales de Pisci (Chiclayo) y Castro Castro (Lima), son una muestra de ello.

Presos y sus familiares reclamaron una atención digna, pues la salud de las personas recluidas es también una facultad del Estado, como lo establece el Código de Ejecución Penal en su artículo 76.

Sin embargo, distinta es la realidad de las cárceles en el país. La Defensoría del Pueblo existe un 140% de hacinamiento en cárceles.  Frente a esta realidad, tres abogados con cargos públicos y expertos en el tema analizan el contexto y proponen los siguiente:

Pablo Sánchez

Fiscal Supremo del Ministerio Público y presidente de la Academia de la Magistratura.

"Yo creo que liberar o pensar en oxigenar centros penitenciarios sin mayor criterio es equivocado, en el tema del hacinamiento se debe practicar una política integral, donde intervengan los sectores comprometidos con el tema. Si un preso presenta sospecha de coronavirus hay que internarlo de inmediato.

Si no es posible hay que ponerlo en un ambiente aparte para que sea examinado, si es confirmado llevarlo a un centro de salud para que sea tratado como cualquier persona.  El fiscal de oficio puede pedir la revisión de la prisión preventiva de una persona que está sufriendo por el virus o con posibilidades de ser contagiada. Se debe actuar ya mismo.

Aquí no hablamos de procesados ni personas en específico, sino de una problemática no resuelta por décadas que afecta a una población penitenciaria de más de 90 mil reclusos. Creo que también debe trabajarse para cambiar la política general del Estado contra la criminalidad. Actualmente vemos que si un delito crece el Estado aumenta las penas, y pedir una preventiva se vuelve una constante".

César Azabache

Ex procurador anticorrupción y abogado penalista.

"Está claro que trabajar sobre prisiones preventivas no es algo que alcance al Poder Ejecutivo.  El Judicial ha emitido en este proceso medidas especiales para emergencias que desde mi punto de vista podrían ser ampliadas.

Hay dos maneras de abordar las prisiones preventivas: creo que si el Judicial ha empezado a enfatizar la necesidad de entrar por procedimientos de oficio es porque no teníamos registrada una disposición del Ministerio Público intensa. Si ellos pudieran estar en posición de mostrar lo que en términos materiales sería una suerte de renuncias por una situación de emergencia a determinados casos con listas revisadas, entonces podríamos tomar un impulso más rápido a este proceso. Temo que estamos bastante retrasados, los procedimientos por listas son el mejor camino para resolver esto".

José Ugaz

Ex procurador anticorrupción y abogado penalista.

"El Poder Judicial ha creado una comisión de trabajo para que evalúe qué se va a hacer, después de 45 días de declarada la emergencia; el Ministerio Público ha emitido una circular después de 50 días. ¿Y qué se estuvo haciendo durante todo este tiempo? En términos de impacto, la explosión del virus en las cárceles podría generar lo que he calificado como una suerte de genocidio viral si es que no se adoptan las medidas adecuadas.

Un grupo de ciudadanos propuso al Poder Judicial que, en el caso de los procesados, presos sin condena, hay que reinterpretar el peligro procesal, que en este caso, por la pandemia, estando confinados y con toque de queda, se reduce sustancialmente. Eso permitiría cambiar muchas detenciones preventivas por arrestos domiciliarios u otras formas de comparecencia con restricciones.

Lo segundo es que creo que la política de indultos tiene que ser un poco más audaz, esto no tiene por qué generar un problema de seguridad ciudadana si se hace bien y excluyendo a condenados por delitos graves. Excluir 75 delitos del beneficio restringe mucho las posibilidades de descongestionar las prisiones, lo único que permitirá un manejo sanitario adecuado. Se necesita una firme voluntad política para tomar decisiones que resuelvan el problema"

Hasta hace una semana, según cifras oficiales, son 30 los internos fallecidos y alrededor de 600 los que resultaron contagiados de COVID-19. Además, 245 agentes del INPE se contagiaron y 7 fallecieron a causa de este virus.

La cifra de internos en el país asciende a 95 mil reos y la capacidad de los establecimientos está al 238%.

Entre tanto, este lunes 9 internos fueron excarcelados tras recibir el indulto del presidente Martín Vizcarra. En total son 37 reos de 20 penales del país, principalmente madres con niños menores y casos humanitarios, a quienes se les concedieron gracias presidenciales Los indultos fueron concedidos a propuesta de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.

Además, se publicó un decreto que permitirá la excarcelación de reos por el delito de omisión a la asistencia familiar que cumplan con el pago de su deuda alimentaria y reparación civil con el objetivo de mitigar el hacinamiento en cárceles para contrarrestar el contagio de la COVID-19.