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La Fiscalía, la política y sus cloacas, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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El enceguecimiento tenaz solo se explica si asumimos que detrás de las proclamas sobre la institucionalidad, lo que está en juego es la sobrevivencia política.

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Según la manera como termine de resolverse la crisis en la Fiscalía de la Nación la vida política seguirá oscurecida por la impunidad o iluminada por la transparencia. Desde hace meses, Patricia Benavides se hallaba cuestionada por eventuales decisiones respecto al caso de su hermana y las dudas sobre la autenticidad de sus grados universitarios. Su respuesta consistió en amparos y diligencias para impedir las investigaciones de las que era objeto. Y de pronto estallaron las revelaciones sobre las gestiones de su asesor, Jaime Villanueva y el allanamiento en la sede del Ministerio Público. Entretanto, Villanueva ha pasado a ser un colaborador de la Justicia y ha confirmado la veracidad de los chats intercambiados con congresistas. Patricia Benavides ha sido suspendida por la Junta Nacional de Justicia, lo que ha permitido una rápida renovación de la Fiscalía. Juan Carlos Villena ha asumido la titularidad provisional de la Fiscalía y Marita Barreto ha vuelto a ser nombrada a la cabeza del Equipo especial de Fiscales que investigan la corrupción del poder. Patricia Benavides ha ido precisando su estrategia de defensa: ella sería la víctima de un complot político, inspirado por los que se oponen a la investigación de violaciones de Derechos Humanos, en claro, las 49 muertes en el marco de las manifestaciones entre diciembre y marzo. El único camino de solución es avanzar las investigaciones, todas. Las que conciernen a la presidenta Dina Boluarte, las que conciernen a la fiscal Patricia Benavides y las que conciernen a congresistas, dispuestos a vender sus votos a cambio de impunidad. En estas circunstancias, algunas bancadas siguen decididas a remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, antes del fin de la semana. El enceguecimiento tenaz solo se explica si asumimos que detrás de las proclamas sobre la institucionalidad, lo que está en juego es la sobrevivencia política. Y judicial.

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