Mario Amoretti: Acusación contra Manuel Merino, Gastón Rodríguez y Ántero Flores-Aráoz “no tiene sustento legal”

El abogado del ex ministro del Interior Gastón Rodríguez, Mario Amoretti, señaló que la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación contra su cliente, Manuel Merino y Ántero Flóres-Araóz no tiene argumentos. 

En conversación con Ampliación de Noticias, este señaló que tanto su defendido como las demás exautoridades no tienen culpabilidad en las represiones policiales durante las protestas del pasado noviembre, donde murieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado. 

"Esta imputación que le hacen a Manuel Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez no tiene sustento legal. Cuando recién inician la investigación, se sostiene que ellos son resposables por haber dado la orden de un uso exceso en la represión a manifestantes y posteriormente, en la denuncia, dice que son responsables por haber omitido porque ellos tienen la condición de garantes y no hicieron nada para impedir el uso de la fuerza", explica. 

Amoretti señaló además que los planes de contingencia de las marchas los armó la Policía Nacional, más no los altos funcionarios. "El plan operativo fue elaborado antes del 9 de noviembre y para efectos de aprobación del plan interviene única y exclusivamente la Policía porque se les preguntó a los generales", indicó. 

Al ser cuestionado sobre si el general Gastón Rodríguez tenía conocimiento sobre el abuso policial, este señaló que su cliente asumió el cargo del 12 de noviembre y que las muertes de los jóvenes se dio dos días despúes. 

Denuncia 

El pasado 4 de octubre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó un denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Manuel Merino, el expresidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado en las movilizaciones sociales de noviembre del 2020.

Los ex altos funcionarios fueron denunciados como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves –a título de dolo eventual– por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país.

Es decir, de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en las movilizaciones, y por no haber adoptado medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial, pese a que por las circunstancias en que venían desarrollándose y porque contaban con información oficial acerca de su tendencia a intensificarse, el resultado de la afectación a dichos bienes jurídicos era previsible.

La denuncia fue presentada esta tarde ante la Mesa de Partes del Congreso tras la culminación de las indagaciones preliminares sobre las movilizaciones sociales de noviembre de 2020,

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