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por Julio Cisneros
·El requerimiento de la Procuraduría Ad Hoc busca que las empresas sean “terceros civilmente responsables” en el proceso por presuntos actos de corrupción contra Martín Vizcarra durante su gestión como presidente regional de Moquegua.
La Procuraduría Ad Hoc para los Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial que incorpore a cuatro empresas como “terceros civilmente responsables” en el proceso penal seguido al exmandatario Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua.
Se trata de las empresas Obras e Ingeniería S.A (Obrainsa), Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA), Astaldi S.P.A – Sucursal del Perú e INCOT Contratistas Generales S.A.C.
Los representantes legales de estas empresas formularon oposición a la solicitud presentada por la defensa legal del Estado peruano dentro de este caso.
Ante ello, la jueza Margarita Salcedo Guevara programó para el jueves 13 de julio desde las 2:30 de la tarde a una audiencia virtual para evaluar este pedido de la Procuraduría Ad Hoc con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión al respecto.
Si la magistrada declara fundada dicha solicitud, estas empresas deberán hacerse responsables del pago de una eventual reparación civil a favor del Estado en caso no puedan hacerlo con sus bienes el expresidente Martín Vizcarra y otros de ser hallados responsables por la justicia de los cargos que se les imputan en este caso.
Proceso penal
El expresidente Martín Vizcarra afronta un proceso penal en Lima bajo mandato de comparecencia con restricciones a raíz de las declaraciones que brindaron colaboradores eficaces sobre presuntos sobornos que habría recibido durante su gestión como presidente regional de Moquegua.
Estas presuntas coimas habrían sido entregadas de empresas vinculadas al caso ‘Club de la Construcción’, a cambio de Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y de la construcción del Hospital de dicha región del sur.
El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que imponga al exmandatario la pena de 15 años de prisión al acusarlo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado a raíz de este caso.
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