Miguel Pérez Arroyo fue detenido esta mañana en Surco. | Fuente: Interpol

El abogado Miguel Pérez Arroyo, quien esta mañana fue detenido por Interpol, aseguró que un proceso que se le siguió en España por presuntamente haber facilitado la entrada de peruanos a España a cambio de dinero fue “reactivado” pese a que ya había sido archivado hasta en dos oportunidades.

En diálogo con RPP Noticias, el defensor sostuvo que el caso fue reabierto “por un tema formal”, que -según dijo- pasa por el “envío de una documentación de aquí (Perú)”, donde también fue procesado por este caso. “Esto está más que prescrito”, se quejó.

“Cualquiera está sujeto a investigaciones o denuncias, y eso motiva alguna desconfianza institucional. Hasta que no llegue esta documentación, esto tiene que seguir su curso”, remarcó.

Pérez Arroyo aseguró que hace 20 años fue procesado por “delito de los derechos de los trabajadores, que es un tema particular en España”. “El tema de falsedad documental está absolutamente prescrito y fue a raíz de una tramitación de un conjunto de procedimientos para la obtención de una visa a un conjunto de ciudadanos que en su momento me pidieron, como abogado de inmigración, inmigrar legalmente a España”.

El abogado descartó que vaya a ser extraditado a España por este caso. “No nos adelantemos. El procedimiento obviamente va a terminar como improcedente, porque ya hay resoluciones de archivo”, sentenció.

Agentes de Interpol capturaron esta mañana a Pérez Arroyo -exdefensor del recluido Alberto Fujimori-, quien es requerido por la justicia de España. El defensor es procesado por los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según documentación a la que RPP Noticias tuvo acceso.

El abogado fue elegido por el expresidente Alberto Fujimori para que ejerza su defensa legal en la audiencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) que, en febrero de 2018, analizó el indulto que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski.

Pérez Arroyo es actualmente abogado del excongresista José Luna Gálvez, dueño de la Universidad Privada Telesup, en la denuncia que se le sigue a esta casa de estudios por ser presuntamente fachada de transferencias de OAS y Odebrecht a favor del exalcalde de Lima Luis Castañeda.

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