Caso Gasoducto | Fiscal Abia: Firmamos un convenio de cooperación, pero Odebrecht lo "incumplió"

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia dijo que en el 2017 firmaron un acuerdo con Odebrecht para que "nos pudieran entregar toda la información relevante del caso Gasoducto Sur”. 

Fiscal Reynaldo Abia está a cargo de un proceso por el caso Gasoducto. | Fuente: Andina

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien investigó el proceso de concesión del gasoducto del sur, reveló que en el 2017 firmó un acuerdo de cooperación con Odebrecht para que remitiera a su despacho toda la información sobre el proyecto. Sin embargo, la constructora no cumplió.

En entrevista con el diario El Comercio, señaló que entre los meses de enero y marzo de 2017, acudió a las oficinas de Odebrecht y “se firmó un convenio de cooperación a efectos de que nos pudieran entregar toda la información relevante del caso Gasoducto Sur”.

“Nosotros hemos suscrito ese convenio, eso debe obrar en las actas de la carpeta [N.º 3-2017 que fue derivada al fiscal Hamilton Castro] y que no tengo en mi poder. Alguna información llegaba con retraso y hemos ampliado el plazo con otras actas. Recuerdo, incluso, que una de las cosas que alegaba Odebrecht era que tenían un abogado que desconocía el tema penal. […] En ese sentido, manifesté mi incomodidad y se notificó a la empresa que, si seguía incumpliendo lo establecido en el convenio, íbamos a incautar toda la información”, dijo al diario.

Sobre la obra Gasoducto del Sur, se abrieron en la Fiscalía dos carpetas: la 301-2014 y la carpeta 3-2017. Abia estuvo a cargo de la 301-2014 que concluyó con la acusación al expresidente del comité especial de la licitación Edgard Ramírez Cadenillas y a Claudia Hokama, exrepresentante de Odebrecht.

La carpeta 3-2017 fue remitida por Abia al equipo especial del caso Lava Jato en mayo del 2017. Esta investigación involucra a 61 personas.

El fiscal Abia afirma que antes de enviar la carpeta al fiscal Hamilton Castro, que en el 2017 lideraba el equipo especial del caso Lava Jato, se habían desarrollado una serie de diligencias y declaraciones.

“Se dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones [que fue otorgado por el juez Juan Sánchez Balbuena] de las 61 personas para verificar el tráfico de llamadas que se habían realizado entre algunos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin, Pro Inversión y los ejecutivos de Odebrecht”, explicó.


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