Jorge Barata será interrogado por el fiscal Carlos Puma sobre los aportes a la campaña por el 'No' a la revocatoria y para el intento de relección de la exalcaldesa de Lima en 2014. En la víspera, el exjefe de Odebrecht en el Perú adelantó detalles de cómo se coordinó la entrega de dinero.
Las declaraciones de Jorge Barata del martes y el miércoles sobre la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán en las que ratificó la entrega de aportes a su campaña del NO a la revocatoria son el antecedente directo al interrogatorio de este viernes. El fiscal Carlos Puma tiene a su cargo las investigaciones contra la exalcaldesa.
La Fiscalía investiga a Susan Villarán por la presunta comisión de delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.
La campaña del “No” a la revocatoria de Susana Villarán tiene una carpeta en el Ministerio Público. De acuerdo con la Fiscalía, Villarán y el exgerente municipal José Miguel Castro presuntamente pidieron a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS un total de 4 millones de dólares para el financiamiento de su publicidad y otras actividades. En su hipótesis, a cambio de los aportes, la autoridad edil entregó el proyecto Rutas de Lima a Odebrecht y amplió el plazo de concesión de la Línea Amarilla con una adenda a favor de OAS.
El martes, en el primer día de los interrogatorios a cargo de los fiscales peruanos, Barata confirmó que Odebrecht entregó aportes a la campaña de Susana Villarán por el ´No' a la revocatoria en el 2013. Ayer miércoles, durante el interrogatorio de la fiscal Geovana Mori sobre las cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), el exjefe de la constructora brasileña en el Perú dijo que pagó tres millones de dólares para la mencionada campaña -dos millones en Brasil y un millón en Perú- por pedido de José Miguel Castro, entonces gerente de la Municipalidad de Lima. Barata reiteró que Villarán lo llamó por teléfono para agracederle el aporte.
En su testimonio, Barata detalló que Castro pedía más velocidad en las entregas de dinero y que por esa razón se le pidió abrir una cuenta en Andorra. En respuesta, el exfuncionario le sugirió el nombre de Gabriel Prado Ramos -exfuncionario y hombre de confianza de Villarán- como titular de la OffShore destinataria del dinero, sin embargo Barata indicó que esta cuenta nunca se usó y que la entrega fue en efectivo.
El segundo caso por el que Susana Villarán es investigada es por los presuntos aportes de Odebrecht y OAS a su campaña de reelección en el 2014. El cargo imputado por la Fiscalía es el de presunto lavado de activos por uso y ocultamiento de dinero que habría provenido de estas constructoras brasileñas. Además, Diálogo Vecinal habría presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una lista con aportantes falsos.
El caso
En su declaración a los fiscales brasileños el 15 de diciembre del 2016, Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, habló sobre los aportes a la campaña contra la revocatoria. Sus declaraciones se hicieron públicas en Perú casi un año después, en noviembre del 2017.
Según un reporte de IDL-Reporteros, el exdirectivo de Odebrecht en Perú dijo que cuando empezó el proceso de revocatoria fue contactado por el exgerente municipal José Miguel Castro para tener una reunión donde le pidió 3 millones de dólares para la campaña del No.
Jorge Barata dijo que “entregamos los recursos al señor Garreta y él entró a gestionar los procesos de la campaña”, de acuerdo a IDL-R. Esta versión fue corroborada por el publicista brasileño Valdemir Garreta, quien dijo a la fiscalía peruana que las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht le pagaron US$ 3 millones como pago por la publicidad y asesorías en la campaña contra la revocatoria.
El 24 de noviembre del 2017, el Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar contra Villarán y Castro por presunto cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado.
En abril del 2018, el Ministerio Público dirigió el allanamiento de las viviendas de la exalcaldesa en Miraflores y Lurín, así como la de su exgerente municipal José Miguel Castro. La tesis de la Fiscalía, según consta en la resolución fiscal que autorizó la diligencia, es que Villarán habría solicitado la financiación de su campaña del ‘No a la revocatoria’ a Odebrecht y OAS porque estas tenían “intereses” en la Municipalidad de Lima.
En julio del 2018, la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra Susana Villarán y otros funcionarios por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos. El Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país contra Villarán y Castro el 28 de noviembre del 2017. Posteriormente, esta medida se amplió hasta julio de este 2019.
La defensa
El abogado de Susana Villarán, Iván Paredes, indicó que Barata ha “vuelto a repetir lo mismo” y que “no ha dado ningún elemento adicional”. Su defensa recordó que la investigación está en etapa preparatoria, por lo que en esta fase solo cabe la opción de un eventual pedido de prisión preventiva y no detención preliminar.
Dijo que la exalcaldesa esperaba que tras el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, toda la atención esté centrada en ella. “Hay una idea y es que justamente se percibe que mientras más elementos de convicción una persona tiene que ir presa preventivamente. Eso es falso”, indicó.
El abogado dijo la exalcaldesa tiene derecho al silencio y que por ello no declara en medios de comunicación. “Es una decisión que hemos tomado: solamente va a defenderse a nivel judicial”, dijo.
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