En un documento, la procuradora ad hoc Silvana Carrión pide que se tome en cuenta si la reciente decisión de la empresa Odebrecht de demandar al Estado peruano representa "un desconocimiento" de la culpabilidad que ya había asumido.
La procuradora adjunta para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, reiteró a la fiscal Giovanna Mori, integrante del Equipo Especial Lava Jato, su pedido para que incorpore a las empresas Gasoducto Sur Peruano S.A. e Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A.C., además de la ya incorporada Enagás Internacional SLU, en la investigación de este caso.
Si bien el pedido inicial fue hecho el 1 de julio del 2019, en esta nueva solicitud la procuradora pide a la Fiscalía verificar si la reciente decisión de Odebrecht de demandar al Estado peruano ante el CIADI "representa un desconocimiento de la declaratoria de culpabilidad que la empresa habría declarado bajo las reglas de colaboración eficaz".
"El no reconocimiento de culpabilidad por parte de la empresa Odebrecht evidenciaría la no voluntad de colaboración con las autoridades peruanas en los hechos que se investigan en este caso, por lo que habilita al Ministerio Público para retomar todas las acciones legales contra la empresa Odebrecht", señala.
Según la tesis fiscal, el Consorcio Gasoducto Sur Peruano, conformado por las empresas Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A.C. y Enagás Internacional SLU, habría sido favorecida con el otorgamiento de la buena pro luego de la descalificación del consorcio competidor Consorcio Gasoducto Peruano del Sur por posibles actos de corrupción.
Al respecto, la procuradora recuerda que estas irregularidades fueron verificadas en la etapa de postulación de las empresas, las cuales contaron con el consentimiento de diversos funcionarios públicos de los diferentes ministerios, quienes habrían brindado el marco legal para que esta importante obra quedara en manos del consorcio Gasoducto Sur Peruano.
De igual modo, se atribuye al consorcio ganador, Gasoducto Sur Peruano S.A., que, a través de sus representantes, "habrían participado de acuerdos colusorios" para ser beneficiadas con el otorgamiento de la buena pro del proyecto mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano.
"En el curso de la investigación se obtuvieron indicios para establecer que los hechos cometidos por los denunciados se habrían realizado en el marco de una presunta organización criminal, la cual, a través de una estructura de poder político, facilitó el camino para que la Odebrecht ejecutara el proyecto más grande de nuestro país en los últimos años", señala.
Finalmente, la procuradora considera que incluir a estas empresas permitirá verificar si Odebrecht, a través de las planillas provenientes de su división de operaciones estructuradas, habría realizado pagos hasta por 3 millones de dólares a diferentes personas relacionadas con el otorgamiento de la concesión de este proyecto.
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