Germán Juárez Atoche aseguró que su despacho ya no realizará ningún acto de investigación más y reiteró que tiene un plazo de 30 días para presentar su acusación.
El fiscal Germán Juárez Atoche confirmó que su despacho ya no realizará ningún acto de investigación más en el caso del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, y reiteró que tiene un plazo de 30 días para presentar su acusación.
Juárez Atoche adelantó que tras la investigación halló “elementos reveladores” que vinculan al exmandatario con el delito de lavado de activos agravado. “Hemos realizado diligencias sustanciales. En cuanto al financiamiento, llegamos a la conclusión de que el Gobierno de Venezuela y la empresa Odebrecht financiaron las dos campañas de Ollanta Humala”, dijo al diario Perú.21.
El fiscal detalló que, en la campaña presidencial del 2006, que Humala Tasso perdió ante Alan García, el nacionalista “habría recibido dinero del Gobierno venezolano”, mientras que en la campaña del 2010 el dinero provino de las constructoras Odebrecht y OAS.
“En el caso de Odebrecht, entregó US$3 millones, como dijo Barata, mientras que OAS entregó unos US$500 mil a través del publicista brasileño Valdemir Garreta”, sostuvo,
Juárez Atoche adelantó que la acusación que presentará comprende a Antonia Heredia, Ilan Heredia y Rocío Calderón. “También a Julio Torres, Mario Aliaga, entre otros”, comentó.
Según el fiscal, su hipótesis de acusación se basa en “un montón de elementos de convicción”, como declaraciones de Odebrecht y de Jorge Barata. “Hay una hoja de cálculo donde aparece la consignación de los 4 millones 800 mil reales (US$3 millones), que habría recibido Humala. Hay un informe jurídico y de la Policía que establece que OH es Ollanta Humala”.
El magistrado comentó también que ha detectado un desbalance patrimonial de más de 14 millones de soles en Humala y su entorno. “Eso implica a todos los imputados”, refirió.
Germán Juárez evitó indicar la pena que solicitará contra los implicados, limitándose a decir que este tipo de casos tienen una pena máxima de 15 años de prisión.
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