El organismo internacional afirmó que Patricia Benavides y su familia se encuentran en situación de “gravedad y urgencia” debido al contexto de violencia en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este miércoles al Estado peruano otorgar medidas de protección a favor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debido a los riesgos que afronta en medio de la crisis política que registra el país desde diciembre pasado.
"El contexto actual por el que viene atravesando el país y en particular en el que las actividades que ejerce son notorias, visibles y de alto interés público para diversos sectores de la sociedad. Asimismo, se consideró que Liz Patricia Benavides Vargas y su núcleo familiar se encuentran en riesgo debido al actual contexto de crisis institucional y por las investigaciones que lleva a cabo como autoridad al frente de la Fiscalía General de la Nación", se lee en el comunicado.
La CIDH reconoció que el Estado esté brindando protección a la fiscal de la Nación. Sin embargo, dada la situación planteada, se estima que este no sería suficiente.
"Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, la Comisión solicitó a Perú que; a) Adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas como beneficiarias; b) Concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y c) Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y así evitar su repetición", se lee en otra parte del documento.
La CIDH precisó que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
Condenan violencia tras protestas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el pasado 18 de enero la violencia provocada tanto por fuerzas de seguridad como manifestantes en las protestas antigubernamentales de Perú, en las que han fallecido medio centenar de personas en el último mes.
El vicepresidente de la CIDH y relator del organismo para Perú, Edgar Stuardo Ralón, rindió ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe de la visita hecha al país del 11 al 13 de enero.
"Condenamos la violencia por parte de las fuerzas de seguridad que están en proceso de investigación y también la violencia que ha afectado a una serie de bienes públicos", expresó el comisionado.
La crisis arrancó el pasado 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, quien fue arrestado tras intentar disolver el Congreso, formar un Gobierno de excepción y abrir un proceso constituyente.
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