La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará la apelación del presidente Pedro Castillo con el que busca ser excluido de la investigación preliminar por el caso 'Provias Descentralizado - Puente Tarata'.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará la apelación presentada por el presidente de la República, Pedro Castillo, con el que busca ser excluido de la investigación preliminar que realiza la Fiscalía de la Nación por el caso 'Provias Descentralizado - Puente Tarata'.
El Tribunal Supremo adoptó esta medida al declarar "bien concedido" el recurso de apelación que interpuso el jefe del Estado, a través de su defensa legal, para que se revoque la decisión del juez supremo Juan Carlos Chekley, quien declaró infundada la tutela de derechos que presentaron para anular la disposición de la Fiscalía de la Nación donde se ordena la incorporación del mandatario en esta investigación preliminar.
En los próximos días, dicha Sala Suprema estará programando la fecha de la audiencia en la que evaluará el fondo de esta tutela de derechos con la participación de las partes involucradas afín de emitir una decisión definitiva respecto a este recurso.
El pasado 21 de Julio, la Fiscalía Suprema asignada al caso solicito a este Tribunal Supremo que se declare infundado el recurso de apelación que presento la defensa legal del mandatario dentro de este caso.
Razones de la apelación
En esta apelación se solicita que se revoque la resolución del juez supremo Juan Carlos Chekley Soria y se declare fundado la tutela de derechos al considerar que el magistrado se equivocó cuando analizó la interpretación del artículo 117 de la Constitución referido a la inmunidad presidencial y que la Fiscalía de la Nación, al investigar al mandatario, presuntamente viola el procedimiento establecido por la legislación constitucional.
El exmandatario es investigado en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravados en perjuicio del Estado a raíz de este caso donde también están comprendidos el exministro Juan Francisco Silva y un grupo de congresistas de la bancada de Acción Popular.
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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.
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