Pilar Mazetti rendirá este 23 de octubre su testimonio en investigación fiscal por compra de ventiladores mecánicos

La ministra de Salud, Pilar Mazetti, rendirá este viernes 23 de octubre su declaración, en calidad de testigo, dentro de la investigación preliminar abierta en el Ministerio Público por las presuntas irregularidades detectadas en la adquisición de ventiladores mecánicos para la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de Salud.

Fuentes del Ministerio Público informaron a RPP Noticias, que Mazetti Soler comunicó al fiscal anticorrupción, Reynaldo Abia, su disposición para rendir su testimonio ese día a partir de las tres de la tarde y de manera virtual debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Las mismas fuentes resaltaron que la titular de Salud viene colaborando con el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos.

El pasado 9 de octubre, el magistrado remitió un oficio a Mazetti Soler en donde le comunicaba que su despacho dispuso contar con su testimonio en aras de que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos relacionados a la investigación sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación directa por causal de situación de emergencia “Adquisición de Ventiladores Volumétricos Mecanicos Adulto/Pediátrico para la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de salud, desarrollado por el Ministerio de Salud”.

Por ello, el fiscal Abia Arrieta consideró necesario que Mazetti señalara el lugar, la forma, además de la fecha y la hora para dicha diligencia fiscal a través de los canales habilitados por el Ministerio Público en atención a sus prerrogativas como alta funcionaria de la nación.

El fiscal anticorrupción, Reynaldo Abia, inició el pasado mes de abril una investigación preliminar a raíz de las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en la adquisición de 35 ventiladores mecánicos para el Hospital de Emergencia de Ate Vitarte donde se atienden los casos críticos de pacientes afectados por el nuevo coronavirus.

El magistrado dispuso un plazo de 60 días para investigar a quienes resulten responsables por el presunto delito de corrupción de corrupción de funcionarios a raíz de este caso.