El exjefe de la SUNAT aceptó haber recibido mensajes de WhatsApp y Telegram por parte de Bruno Pacheco con diversos pedidos que de acuerdo con el Ministerio Público configurarían la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.
El Poder Judicial autorizó el inicio de un juicio oral contra el exjefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) Luis Vera Castillo por no denunciar las presiones que recibía por parte de Bruno Pacheco, entonces secretario general del Despacho Presidencial durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
El juez supremo Juan Carlos Checkley emitió una resolución el último 21 de agosto, a la que tuvo acceso RPP, en la que dispone el enjuiciamiento de dicho exfuncionario por este caso.
El magistrado dispuso remitir todo lo actuado a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, instancia que en los próximos días deberá fijar la fecha y hora para el inicio de este juicio oral.
La Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó que Vera Castillo sea condenado a dos años de pena privativa de la libertad al acusarlo como autor del delito de omisión de denuncia agravada en perjuicio del Estado.
Investigación
De acuerdo con la acusación fiscal, a Luis Enrique Vera Castillo, se le atribuye, en su actuación como Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, haber omitido comunicar a las autoridades correspondientes la comisión del delito de tráfico de influencias por parte de Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, quien era Secretario General del Despacho Presidencial.
Esto debido a que entre el 9 de setiembre de 2021 y el 6 de octubre de 2021, en razón del cargo que ocupaba, venía recibiendo mensajes de Pacheco, a través de los aplicativos WhatsApp y Telegram para que favorezca en procesos administrativos a las empresas Grupo Deltron Internacional S.A.C. (deudas y fiscalización tributaria-deuda pendiente de pago que tendría la empresa) y MQVC Corporation S.A.C. (ampliación de importación de 20 a 500 toneladas de mercurio), como también a Marco Antonio Urbina Chumpitassi (nombramiento como martillero público de la Intendencia SUNAT de La Libertad).
Todos estos mensajes fueron aceptados por el ahora acusado, y siendo plenamente consciente que se trataba de pedidos al margen de la ley, no cumplió con denunciarlos ante el Ministerio Público u otra autoridad competente.
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