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por Sebastián Acosta
·La juez que resolvió este requerimiento fiscal consideró que las armas y droga que la Policía halló en el predio intervenido, así como otros elementos de convicción, vinculan a los investigados con hechos delictivos.
El Poder Judicial dispuso 7 días de detención preliminar para los 61 ciudadanos extranjeros que fueron intervenidos en flagrancia por la Policía Nacional dentro de un búnker en el distrito de San Martín de Porres el último sábado.
Así lo resolvió la jueza Cynthia Gálvez Marín, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, quien evaluó el requerimiento fiscal y consideró que las armas y droga encontradas en el predio intervenido, así como otros elementos de convicción, vinculan a los investigados con hechos delictivos.
Todos los detenidos son investigados por los delitos de banda criminal, tenencia ilegal de armas y tráfico de droga.
Detención
Efectivos de la Policía Nacional detuvieron el último sábado a más de 60 personas inmersas en varios delitos y con tenencia de armas de fuego, en un ‘bunker’ ubicado en la urbanización Santa María del Valle, en el distrito limeño de San Martín de Porres.
De acuerdo con la Policía, la mayoría de los detenidos son ciudadanos extranjeros y muchos de ellos se encuentran en situación irregular en nuestro país.
Asimismo, durante la intervención se incautó un total de cinco armas de fuego, dos de las cuales figuran como robadas, así como municiones, droga, armas blancas, dinero y siete motocicletas, dos de las cuales fueron utilizadas en hechos criminales.
Todos los detenidos fueron trasladados a la División de Homicidios de la sede principal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Al respecto, el general Óscar Arriola indicó a RPP que los ciudadanos extranjeros detenidos en situación irregular serán expulsados del país, por lo que están haciendo las diligencias de ley correspondientes para que esto se realice a la brevedad.
16 países amigos frente a la ONGs
Las embajadas de 16 países desarrollados han publicado un comunicado expresando su preocupación ante “las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”.
Sebastián Acosta Periodista
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