La excandidata ha sido incluida en la investigación abierta contra Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular y uno de los principales financistas de su campaña.
Keiko Fujimori será investigada por lavado de activos y defraudación tributaria. La Fiscalía ha decidido incluirla en el caso del exsecretario general de Fuerza Popular y financista de su campaña electoral, Joaquín Ramírez, a quien se atribuye un millonario desbalance patrimonial.
La fiscal Sara Vidal, de la primera Fiscalía Supraprovincial Coorporativa de Lavado de Activos, sustentó el inicio de la investigación contra la excandidata presidencial en las siguientes sospechas:
El lavado de US$15 millones. Según una resolución a las que tuvo acceso el diario Correo, la fiscalía sospecha que Keiko Fujimori entregó 15 millones de dólares a Joaquín Ramírez para blanquearlos y utilizarlos en la campaña presidencial de 2011.
El origen de esta información se remonta a mayo de 2016, cuando en plena campaña electoral de segunda vuelta, el piloto peruano Jesús Vásquez dijo Univisión y al programa Cuarto Poder, que en una operación encubierta de la DEA del 2013 grabó una conversación con Joaquín Ramírez. En ese diálogo, el entonces congresistas fujimorista, le habría dicho que Keiko Fujimori le entregó 15 millones de dólares para lavarlos a través de una cadena de grifos, para luego destinarlos a su campaña electoral del 2011.
Los dos inmuebles. El documento fiscal también menciona como sospechosa la compra de dos propiedades hecha por el exsecretario general de Fuerza Popular. Ambas costaron en conjunto dos millones de dólares y sirvieron una como local de campaña de Keiko Fujimori y otra como sede de su ONG.
Las propiedades están a nombre de dos empresas: Mondreu SAC, que nació con una inversión de 5,000 soles; y Lima Ingeniería y Construcción SAC, en la que se invirtió 1,000 soles. Según Correo, la Fiscalía sospecha que “recurría al artificio engañoso y encubridor de la “capitalización de créditos” para aumentar el “ridículo monto” invertido inicialmente.
El factor Alberto Fujimori. La fiscalía también toma en cuenta el vínculo de la lideresa de Fuerza Popular con su padre, Alberto Fujimori, quien cumple una sentencia de 25 años en el penal de la Diroes.
"Este último ha sido investigado y sancionado por la comisión del delito de corrupción de funcionarios, motivo por el que no se descarta que parte del patrimonio sea el que esté siendo empleado por los investigados y sus empresas con la finalidad de darles apariencia de legalidad", dice la resolución de fiscalía.
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