¿Qué se sabe de ‘El Español’ y su papel en la supuesta red criminal de Pedro Castillo?

Esta semana, el Equipo Especial de la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron un operativo en siete viviendas de personas involucradas con el expresidente Pedro Castillo, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal.

En una de las viviendas allanadas, las autoridades detuvieron de forma preliminar al empresario Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias ‘El Español’ o ‘Jorge’. De acuerdo con el documento fiscal, el sujeto tenía la tarea de reclutar sicarios para atentar contra la vida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el coronel PNP Harvey Colchado y la fiscal Marita Barreto, estos dos últimos lideran los equipos encargados de la investigación contra el círculo personal de Castillo Terrones.

Según fuentes de RPP Noticias, ‘El Español’ sería el encargado de coordinar y organizar directamente con el expresidente Pedro Castillo sus reuniones clandestinas para la designación de los directores de Inteligencia Nacional de la DINI y de la DIGIMIN e integrarlos convenientemente a la organización criminal que presuntamente lideraría el exmandatario.

La información señala además que Hernández Fernández también se habría encargado de desacreditar y neutralizar toda información que pueda comprometer y/o vincular a Castillo Terrones y a los integrantes de la presunta organización criminal.

Recientemente, el congresista fujimorista Luis Cordero Jon Tay fue retirado de la Comisión de Inteligencia del Parlamento tras ser vinculado con ‘El Español’.

De acuerdo con La República, el legislador y el experto en seguridad electrónica, capitán de corbeta AP (r) Carlos Barba, quien habría sido reclutado por ‘El Español’, viajaron a Panamá, entre el 10 y 14 de octubre de 2022, para evaluar la compra de equipos especializados de interceptación de comunicaciones.

"Campaña de demolición" 

Al respecto, el exministro del Interior Rubén Vargas condenó que el Gobierno de Pedro Castillo, a través de los órganos de inteligencia más importantes del país como DIGIMIN y la DINI, haya intentado hacer una “campaña de demolición” contra las autoridades que investigan a su círculo íntimo.

“Desde la DIGIMIN y la DINI se podía, y de hecho se intentó y avanzó hasta cierto punto, crear aparatos paralelos de contrainteligencia con la enmascarada de que iban a realizar acciones contra la criminalidad organizada”, declaró Vargas en Ampliación de Noticias.

“Se iba a usar recursos para comprar tecnología que permita realizar actividades de contrainteligencia contra opositores al Gobierno y los que estaban investigando la corrupción en el poder”, agregó.

El extitular del Mininter recordó que las “campañas de demolición”, formuladas en su momento por las autoridades que investigaban al entorno de Castillo, demostrarían que esta red sí funcionó con actividades “operativas” al interior de la supuesta estructura criminal liderada por Pedro Castillo.

“Recordemos que cuando se formaron los equipos especiales para investigar los casos de corrupción en el poder, inmediatamente se denunciaron campañas de demolición de la imagen de los funcionarios que estaban a cargo de los respectivos equipos”, precisó.

¿Impunidad desde el poder?

A su turno, el exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) José Baella consideró que la supuesta intrusión en ambos organismos de inteligencia y la intención de comprar equipos de interceptación de comunicaciones, a través del legislador Jon Tay y el experto en seguridad electrónico, representarían la intención de Castillo Terrones de “obtener impunidad” desde su entonces posición como jefe de Estado.

“Lo que me llama la atención es que un presidente de la República encabece esta organización criminal, porque él contaba con todas las fortalezas para tener un servicio de inteligencia y que le responda para fortalecer al país, pero no para interceptar a la oposición, al Congreso y autoridades”, comentó.

“Ir a una feria a comprar equipos para hacer un servicio de inteligencia paralelo para tener acceso a celulares y ubicaciones, es inquietante”, complementó.

Así, Baella dijo que es oportuno que el Congreso conforme una comisión investigadora que habría tenido el legislador Jon Tay en la red criminal que habría liderado el vacado exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

“Creo que esto amerita una investigación muy profunda por parte del Congreso, una comisión que nos diga cuál ha sido la participación no solamente de él, sino de otras personas que están involucradas. Esto es muy delicado”, sentenció Baella.