Según la investigación del Equipo Especial de Fiscales, el presidente Pedro Castillo lideraría una organización criminal en la que también estarían involucrados personajes como el actual ministro Geiner Alvarado y el detenido alcalde de Anguía, José Medina Guerrero.
El Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder advirtió en su pedido de detención preliminar contra la cuñada del presidente Pedro Castillo y otros personajes, la existencia de una organización criminal dedicada a la comisión de diferentes delitos, como el de colusión agravada en los departamentos de Lima y Cajamarca.
Según la tesis del fiscal Hans Aguirre Huatuco, a cargo de la diligencia realizada este martes pasado en Palacio de Gobierno, donde se intentó -sin éxito- ubicar y detener a Yenifer Paredes, hermana de la esposa del jefe de Estado, esta presunta organización criminal tendría una estructura que estaría liderada por el presidente Pedro Castillo Terrones.
Además, los lugartenientes de esta red estarían compuestos por dos funcionarios de alto nivel: el primero sería el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, y el segundo sería José Nenil Medina Guerrero, alcalde del distrito de Anguía, en la provincia de Chota, Cajamarca, quien esta tarde fue detenido en una calle del Centro de Lima, al igual que otros personajes.
Como coordinadores estarían dos familiares del presidente, principalmente su esposa, Lilia Paredes. Además, como testaferros y caras visibles de la organización estarían los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana, al igual que su cuñada Yenifer Paredes Navarro y David y Walther Paredes Navarro, cuñados del presidente Pedro Castillo.
Como empresas de fachada la investigación del Ministerio Público apunta a JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, representada por el investigado Hugo José Espino Lucana, y Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C., representada por Anggi Espino Lucana y Hugo Ananeo Espino Almeida, hermana y padre respectivamente del primero.
La tesis del Ministerio Público
En la resolución del Poder Judicial que autorizó la inmediata ubicación y captura de los investigados José Medina Guerrero, Yenifer Paredes, Hugo Espino Lucana y Anggi Espino Lucana, el juez Raúl Justiniano Romero menciona que el Ministerio Público sustenta esta solicitud en diferentes elementos de convicción sobre presuntos actos irregulares.
Según el Ministerio Público, el investigado Hugo Espino Lucana habría tenido acceso a altos funcionarios del Estado, por lo que se estarían dirigiendo irregularmente licitaciones en la provincia de Chora a las empresas de los Espino Lucana: JJM Espino Ingeniería & Construcción y Desctcon Ingenieros & Arquitectos, con la participación de Yenifer Paredes.
Se señala, además, que Hugo Espino Lucana habría realizado coordinaciones con altos funcionarios en Palacio de Gobierno y otros ministerios, lo cual terminó por beneficiar al consorcio Gorgor, teniendo como consorciado a la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción, del cual sería representante y gerente general.
Hugo Espino Lucana y Jose Medina, alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, habrían frecuentado Palacio de Gobierno y el Ministerio de Vivienda. Sobre el alcalde, se menciona que sería amigo personal del presidente Pedro Castillo, quien le habría facilitado el acceso a este ministerio, donde tuvo reuniones antes y después de haber obtenido la buena pro.
Según la investigación fiscal, el consorcio Gorgor, vinculado a Hugo Espino, habría obtenido la buena pro para la recuperación de la estructura y equipamiento del colegio Santiago Antúnez de Mayolo en la provincia de Cajatambo, en Lima, pese a no cumplir con los requisitos normativos y haber presentado irregularidades en el proceso de licitación.
Sobre el alcalde de Anguía, se menciona que habría concurrido a Palacio de Gobierno en varias oportunidades, donde se habría entrevistado con Pedro Castillo. Un mes después, el jefe de Estado se presentó en su distrito para anunciar la realización de obras. Tiempo después, luego de una nueva reunión, se otorgó la buena pro al consorcio Ienscon, conformado, entre otros, por la empresa Destcon, donde Anggi Espino Lucana es la gerente general y representante.
"José Medina visita al presidente en diversas fechas y por largas horas, lo cual evidenciaría una alta confianza, reuniones en la que habrían estado los Ministros de Vivienda, así como Transportes. Asimismo, se tiene que Hugo Espino Lucana habría visitado Palacio de Gobierno y el Ministerio de Vivienda y Construcción, habiéndose reunido con la primera dama", señala la investigación de la Fiscalí
Otro detalle que se advierte es la emisión de un Decreto de Urgencia que habría facilitado la adquisición de la buena pro en diversas obras a los investigados, quienes habrían utilizado las empresas de fachadas que tenían, pese a no cumplir con el capital, por las gestiones realizadas "desde las más altas esferas del gobierno central". Al respecto, el fiscal considera que estos hechos configurarían los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
Abogado de Geiner ALvarado niega vinculación a organización criminal
Eliu Arismendiz Amaya, abogado del ministro Geiner Alvarado, negó el martes que su cliente esté sindicado como miembro de una presunta organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo que investiga el Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder. Al respecto, recalcó que su patrocinado solo acude al Ministerio Público en calidad de testigo.
"Según el equipo de fiscales, mediante providencia número 53, con fecha del 2 de agosto de 2022, a mi patrocinado lo están citando a la investigación con el cargo de testigo y bajo esa misma lógica, el día 4 de agosto, mi cliente, respetuoso del debido proceso, ha rendido su manifestación ante dicho despacho fiscal", expresó el abogado en RPP Noticias.
Por otro lado, Arismendiz señaló que este equipo especial de fiscales no tiene potestad para imputarle alguna acusación contra Geiner Alvarado. En ese sentido, indicó que solo el fiscal supremo podría hacerlo.
"Mi patrocinado es un alto funcionario, y su estatura jurídica está registrada en el artículo 99 de la constitución política. De modo que las únicas autoridades que podrían imputarle algún cargo delictivo sería concretamente la Fiscalía de la Nación, es decir, el fiscal supremo. Y eso está claramente definido. Hay un procedimiento establecido porque hay una investidura propio del antejuicio de mi patrocinado", sostuvo.
El abogado descartó la posibilidad de que puedan dictar prisión para el ministro porque este tiene inmunidad porque así lo establece el artículo 99 de la constitución política.
Judiciales
Tesis fiscal señala que Pedro Castillo lideraría una organización criminal.
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