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Un nuevo proyecto de ley en Arizona busca establecer un fondo para recompensar económicamente a los agentes del orden por cada persona en situación irregular que sea detenida y deportada.
El estado de Arizona debate una controvertida propuesta legislativa, denominada SB1111, que otorgaría una compensación de U$D 2 500 a policías por cada detención de inmigrantes indocumentados que resulte en una deportación. El proyecto, impulsado por el senador republicano Jake Hoffman, ha provocado un intenso debate sobre sus implicancias en los derechos civiles y su impacto en la comunidad inmigrante.
La iniciativa busca financiarse a través de un aumento en los impuestos sobre las remesas enviadas al extranjero. Sus defensores argumentan que esto permitirá recuperar dinero que, según ellos, se pierde en la economía local, mientras que los críticos la ven como una medida discriminatoria y peligrosa.
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Activistas y el impacto en derechos humanos
Diversas organizaciones han expresado su preocupación por la SB1111, señalando que podría incentivar la discriminación racial y el abuso policial. Noah Schramm, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Arizona, advirtió que esta propuesta pone en riesgo los derechos constitucionales de muchas personas, sin importar su estatus migratorio.
Lena Avalos, representante de Living United for Change in Arizona, calificó la legislación como una estrategia que desvía la atención de problemas más urgentes, como el acceso a la vivienda y la atención médica. Asimismo, mencionó que este tipo de leyes históricamente han llevado a un incremento en la persecución de comunidades latinas.
Financiación del fondo de deportaciones
El mecanismo de financiamiento de la SB1111 ha sido uno de los puntos más criticados. La propuesta establece que el dinero provendría de un aumento en los impuestos sobre las transferencias de dinero al extranjero, una medida que impactaría principalmente a familias inmigrantes.
El senador demócrata Flavio Bravo ha rechazado esta iniciativa, argumentando que castiga injustamente a personas que trabajan y contribuyen a la economía del estado. Según Bravo, las remesas son un soporte esencial para muchas familias y gravarlas afectaría a quienes menos recursos tienen.
Postura de la comunidad policial
A pesar de que la SB1111 busca beneficiar económicamente a los policías, la Asociación de Policía de Arizona ha mostrado su rechazo, afirmando que monetizar los arrestos es una práctica inaceptable. Además, han señalado que podría derivar en un aumento de perfiles raciales y detenciones arbitrarias.
El futuro de la ley es incierto. Aunque ha sido aprobada en el Comité de Gobierno del Senado estatal, la gobernadora demócrata Katie Hobbs ha adelantado que, de llegar a su despacho, la vetará. Su administración sostiene que la seguridad y la dignidad de las personas no deben estar sujetas a incentivos económicos ni a políticas que promuevan la discriminación.
Créditos vídeo: YouTube | @univisionnoticias.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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