Presupuesto para combatir la trata de personas se redujo en 4 millones de soles, según informe de la Defensoría del Pueblo y CHS Alternativo

Apenas 0,12 soles por ciudadano invierte el Estado para protegerlo de la trata de personas, a pesar de las nuevas modalidades de captación desarrolladas durante la pandemia.

Solo el 1% de las personas a nivel nacional conocen la línea 1818 del Ministerio del Interior, creada exclusivamente para atender la trata de personas.
Solo el 1% de las personas a nivel nacional conocen la línea 1818 del Ministerio del Interior, creada exclusivamente para atender la trata de personas. | Fuente: Andina

Explotación sexual, trabajo forzoso y mendicidad son algunas de las finalidades más frecuentes de la trata de personas en nuestro país, un delito que atenta contra la dignidad humana y es considerada como una forma de esclavitud moderna.

Y, tras la pandemia, los tratantes o agresores han innovado en sus modalidades de captación y se han trasladado al espacio digital, aprovechándose de quienes perdieron sus empleos o requieren de ayuda económica urgente, según el VIII Informe Alternativo presentado por CHS Alternativo y la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, pese a que hoy en día los riesgos de caer en las redes de este delito son mayores, el presupuesto destinado para combatirlo se ha reducido en 4 millones de soles, alcanzando el nivel más bajo de los últimos ochos años, revela el documento. De esta forma, la inversión individual por cada ciudadano para protegerlos de este crimen se comprimió en más de la mitad.

“Inversión menor al valor de un pan”

El citado estudio revela que mientras en el 2015 se invertía el equivalente a 0.43 soles por persona para combatir este crimen; durante el 2021 y 2022, el presupuesto individual apenas llega a los 0.12 soles. “En términos de practicidad, esto quiere decir que el Estado invierte por persona menos de lo que cuesta actualmente un pan”, señaló Eliana Revollar Añaños, defensora interina del pueblo.

Un situación que se agrava considerando que durante el estado de emergencia, se aplazaron arrestos, procesos de investigación, enjuiciamientos y condenas, dejando un alto clima de impunidad que permitió a los criminales operar con menor riesgo de detección y sanción.

Sumado a la pandemia, la crisis política vivida en el Perú durante el último periodo también impactó en la lucha contra la trata de personas, ya que la alta rotación de funcionarios dificultó la continuidad de medidas de prevención y de atención, debido a que se trata de un crimen que requiere un alto nivel especialización, resalta el informe.

Desconocimiento de canales de denuncia

Si bien las víctimas principales son mujeres jóvenes captadas con fines de explotación sexual según datos del Ministerio Público, los operativos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) evidencian que también existe un gran número de varones víctimas de explotación laboral o trabajo forzoso.

En esa línea, el documento resalta que los canales de denuncia de trata de personas no son conocidos por la ciudadanía o por las víctimas. De acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), por encargo de CHS Alternativo, solo el 1% de las personas a nivel nacional conocen la línea 1818 del Ministerio del Interior, creada exclusivamente para atender este delito.

“No se está haciendo lo suficiente en prevención, no existe un registro único de víctimas con información de las denuncias, situación legal del investigado, medidas de protección, sentencias, modalidades de captación, tránsito y destinos y no se sabe lo que ocurre con las víctimas cuando son rescatadas”, enfatizó Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.