Discriminación y percepciones contra los ciudadanos LGTBI

El pasado 3 de noviembre, en una ajustada decisión el Tribunal Constitucional rechazó la demanda del economista peruano Oscar Ugarteche para que RENIEC reconozca su matrimonio con el ciudadano mexicano Fidel Aroche. Como se recordará, Ugarteche y Aroche iniciaron una batalla legal el 2012 para que las autoridades peruanas registren y den validez a su casamiento efectuado en la Ciudad de México, jurisdicción que sí reconoce la unión entre ciudadanos del mismo sexo.

Este no es el único caso que vincula los derechos de las parejas homosexuales. Las ciudadanas peruanas Darling Delfín y Jenny Trujillo también han iniciado un litigio judicial para que RENIEC reconozca la relación filial del hijo de ambas, nacido en México.  El proceso se inició en el 2017 y no tiene visos de solución.

Estos casos son una muestra más de la vergonzosa cultura de discriminación existente contra las y los LGTBI en el país, con el agravante que es el propio Estado peruano quien limita los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La evidencia de esta discriminación la podemos encontrar en varios instrumentos, destaco dos que a mi juicio son los más relevantes.

En diciembre del 2013, el Ministerio de Justicia presentó la Primera Encuesta Nacional de Percepciones sobre Derechos Humanos. En dicho instrumento, que estuvo bajo mi responsabilidad, por primera vez se vislumbró la magnitud de la discriminación que existe contra las personas LGTBI en el Perú. Entre los principales hallazgos destacan que un abrumador 93% considera que “las personas las personas con diferente orientación sexual (homosexual, gay, etc.) se encuentran más expuestas a la discriminación”, un 44% considera que “los homosexuales no deberían ser profesores de colegio”, un preocupante 12% considera que el “VIH-SIDA se contagia incluso por mediante abrazos, y por estrecharse las manos”.

En diciembre del 2019, el Ministerio de Justicia difundió los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos. En ella se ratifican las dimensiones y magnitudes de la discriminación contra la ciudadanía LGTBI. De acuerdo con la Segunda Encuesta, la población LGTBI vuelve a ser la percibida como la más discriminada del país, con 71%. Un 30% de los encuestados no está dispuesto a contratar a una persona homosexual en su empresa, 36% de los entrevistados está de acuerdo o muy de acuerdo que “es peligroso dejar a un/una niño/a con un homosexual”, además un altísimo 31% considera que “el VIH-SIDA es una enfermedad de homosexuales y personas trans (transexual, transgénero y travesti)”.

Varias lecciones nos dejan estas dos encuestas elaboradas en los 2013 y 2019. La primera, y probablemente la más importante, es que en el lapso de seis años la discriminación contra la ciudadanía LGTBI sigue siendo muy alta. Mi hipótesis es que es una de las más altas en América Latina.

La segunda lección es que, ante esta realidad preocupante, es necesario relanzar una política pública en materia de educación en derechos humanos. El 2014, mediante Decreto Supremo 010-2014-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021, sin embargo, dicho Plan no ha sido implementado.

Una tercera lección es que las encuestas de percepción son un instrumento clave para monitorear la evolución de la sociedad ante temas que se consideran polémicos o sensibles. En la esfera de los derechos humanos, han sido una herramienta sumamente útil para cuantificar cambios culturales hacia grupos históricamente marginados. Es clave implementar este tipo de herramientas con una periodicidad de dos años, dado que son un insumo extremadamente valioso para las políticas públicas.

A manera de conclusión, los niveles de discriminación contra las y los ciudadanos LGTBI continúan siendo muy altos. Los casos judicializados por ciudadanos peruanos homosexuales son una expresión de la indolencia e indiferencia con la que el propio Estado trata a sus connacionales. Es imperativo que el próximo gobierno relance una política pública de ancha base con la finalidad de reducir los niveles de discriminación detectados en las encuestas del 2013 y 2019.