¿Qué dice la Política Nacional contra el Crimen Organizado?

El crimen organizado avanza sin control. A diario escuchamos sobre delitos vinculados con la trata de personas, el sicariato y la extorsión. A la par, las trasgresiones contra el patrimonio son cada vez más sofisticadas y osadas, incluso a plena luz del día. De igual forma, el número de víctimas de cobro de cupos y reglaje se incrementa de manera alarmante. Paralelamente, la industria del tráfico ilícito de drogas y los delitos ambientales florece sin que nada ni nadie pueda detenerla. Nuestras autoridades, ante el clamor ciudadano, ensayan estrategias sin resultados. Se habló del Plan Bukele, se difundió el Plan Boluarte, se implementaron un sinfín de estados de emergencia, pero la violencia y la inseguridad siguen aumentando. La percepción es que el gobierno no tiene un plan consistente para enfrentar este flagelo ¿Pero realmente es así?

Es importante recordar que el 14 de julio de 2019, el estado peruano aprobó la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030 (PNMLCO). Dicho documento define al crimen organizado como aquel fenómeno que contempla “un conjunto de actividades delictivas cometidas por una organización criminal creada específicamente para ese fin”. 

A razón de sus particularidades, el crimen organizado controla territorios o es parte de un eslabón de la cadena de valor de un mercado ilegal. Del mismo modo, se caracteriza por usar la violencia, ya sea de manera directa e indirecta. A su vez, para su desarrollo y consolidación, necesita de la corrupción, tanto en las altas esferas del poder como en ámbitos de menor nivel. 
¿Cuáles son las causas del crimen organizado en nuestro país? La PNMLCO ha identificado cuatro causas principales: la primera es la debilidad del Estado peruano. Las dimensiones más críticas de dicha debilidad se manifiestan en la alta rotación del personal, labores de inteligencia insuficientes, acceso limitado a software especializado, equipos tecnológicos obsoletos, canales de coordinación intra e interinstitucional endebles, una inadecuada formación y especialización de los operadores del sistema de justicia, ente otros.

La segunda causa es la existencia de mercados ilegales. Este punto refuerza lo señalado en la causa I, ya que nuestras autoridades muestran altos niveles de ineptitud para diseñar e implementar mecanismos de control y fiscalización. Vale decir, el Estado carece de la capacidad  de controlar el intercambio de productos ilícitos en un mercado caracterizado por su alta informalidad.  Una expresión de lo anterior es que ningún gobierno  ha podido romper el vínculo entre consumidores y vendedores de bienes ilegales. 
La tercera causa es la tolerancia a los delitos cometidos por el crimen organizado. Esta dimensión explica que la sociedad peruana, en términos generales, suele ser complaciente con las coimas, la vara, las argollas y el robo de servicios públicos. 

La cuarta y última causa es la debilidad en la asistencia a víctimas. En relación con este aspecto, el documento apunta que al ser tan alta la condescendencia social al delito, se está normalizando el accionar del crimen organizado, a tal punto que las propias víctimas no se reconocen como tales. Esto conlleva que el interés de las autoridades se reduzca y muchos casos las denuncias sean desatendidos o archivados, generando un círculo perverso de impunidad. 

Para revertir esta situación, la PNMLCO plantea una serie de objetivos prioritarios, lineamientos y servicios utilizando la metodología CEPLAN, y aquí es donde comienzan los problemas. La Política se vuelve inejecutable dado que ninguno de sus indicadores tiene metas o líneas de base. Por ejemplo, la línea de base  “gasto per cápita en acciones del Estado contra el crimen organizado”, indica que “no se cuenta con información”. En relación con los logros esperados para los años 2020, 2021 y 2022, el documento señala que están “por definir”. Lo mismo podemos visualizar de los indicadores restantes. Esto es sumamente grave ya que imposibilita un correcto seguimiento y evaluación, limitando la rendición de cuentas y la transparencia. 

A manera de conclusión, instrumentos como la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado deben orientar y referenciar al gobierno que luce sobrepasado y a la deriva. No obstante es necesario que dicha herramienta sea actualizada en aras de ser pasible de implementación, seguimiento y evaluación.