El financiamiento político privado en el Perú: reformas, desafíos y propuestas

El financiamiento político es un tema crucial para entender cómo se configura la política en cualquier país. En el Perú la aprobación por parte de la Comisión de Constitución de reformas que permiten el aporte privado a organizaciones políticas pone el tema en debate.

El costo de las campañas electorales y la ventaja del financiamiento

Las campañas electorales son costosas y constituyen un factor determinante para la competitividad de los candidatos. En Estados Unidos, por ejemplo, la campaña de Kamala Harris tuvo un costo estimado de 1,100 millones de dólares, equivalente al 0.008% del PBI estadounidense. Si aplicamos esta proporción al PBI peruano, estaríamos hablando de una cifra cercana a los 27 millones de dólares.

Aunque el financiamiento no garantiza el éxito electoral, proporciona una ventaja decisiva. En el caso peruano, campañas como las de Ollanta Humala en 2011 o la del "No" en la revocatoria de Susana Villarán no habrían sido posibles sin los ingentes recursos invertidos y el profesionalismo técnico que las respaldó. El efecto del financiamiento sobre el éxito de una campaña política puede ser decisivo y los actores políticos en el Perú lo saben.

Tras las reformas impulsadas durante el gobierno de Martín Vizcarra, se cambió la naturaleza del financiamiento a las organizaciones políticas, lo que en el tiempo se reflejo en cambios en las características de la representación política.

El impacto de las reformas y las economías ilegales

La intención de las reformas fue eliminar la influencia de intereses privados en la política. Al prohibir el financiamiento privado formal y ofrecer un mecanismo público, los impulsores de la reforman esperaba que los políticos estuvieran más comprometidos con el bien común. Sin embargo, en la práctica, estas medidas aplicaron lo que se conoce como la "regla de las consecuencias no intencionadas". En lugar de eliminar la influencia de intereses particulares, las reformas fomentaron el ingreso de financiamiento informal, especialmente desde economías ilegales.

Las economías ilegales, con abundancia de recursos y experiencia en manejar efectivo, han encontrado en este nuevo sistema una vía para influir en la política. Estas organizaciones no solo pueden sortear las restricciones, sino que también se benefician de la falta de alternativas legales claras para los políticos. Así, las reformas han facilitado la cooptación del sistema político por parte de actores ilegales.

La criminalización del financiamiento político

En el Perú, la judicialización del financiamiento político ha desincentivado los aportes legales. Casos como el de Lava Jato han llevado a tratar a las organizaciones políticas como si fueran organizaciones criminales, cosa que no se ha dado en otros países. En Brasil, por ejemplo, nunca se acusó al PT de ser una organización criminal, fueron individuos de dicho partido los que fueron procesados. Además, los posibles aportantes privados enfrentan consecuencias legales y reputacionales extraordinarias, como se evidenció en el caso Briceño (el cual ni siquiera realizó algún tipo de aporte) o en la polémica por la iniciativa Reflexión Democrática que llevó a múltiples congresistas a ser acusados de haber sido “comprados” por Roque Benavides.

La persecución a los aportantes, incluso por defraudación de personas jurídicas, ha reducido aún más la participación de fuentes legales de financiamiento, dejando el terreno libre para recursos de origen oscuro. El Perú destaca por tener un sector ideologizado de los lideres de opinión ataca cualquier participación política del empresariado endilgándole la categoría de soborno.

Propuestas para mejorar el sistema

Para mitigar los problemas generados por estas reformas y reducir la influencia de las economías ilegales, es necesario implementar medidas específicas que promuevan la transparencia y fortalezcan el sistema político:

1. Límites proporcionales a los aportes: Establecer un máximo para los aportes de personas naturales o jurídicas basado en una fracción de sus ingresos promedio de los últimos cuatro años. Esto impediría que actores ilegales, que generalmente evaden impuestos, puedan realizar aportes significativos.
2. Bancarización de los gastos de campaña: Obligar a las organizaciones políticas a realizar todos sus gastos de campaña mediante transacciones bancarias. Esto permitiría un control exhaustivo de los flujos de dinero y dificultaría el uso de fondos ilícitos.  Gracias a la penetración de las billeteras digitales, esta propuesta ya es viable en el Perú de hoy, aunque no lo era hace algunos años.
3. Restricción a proveedores del Estado: Prohibir que personas o empresas con una proporción significativa de ingresos provenientes del Estado realicen aportes políticos. Esto evitaría que los financiamientos se conviertan en una herramienta de incidencia para obtener contratos públicos.
4. Aportes confidenciales monitoreados: La propuesta actualmente en debate, que permite aportes ciegos a través del Banco de la Nación, debe aprobarse con mejoras en la trazabilidad. Aunque se ha criticado este mecanismo, en caso de investigaciones judiciales, los registros de fuentes y destinos de los aportes permitirían a las autoridades rastrear posibles irregularidades.

Conclusión

El sistema de financiamiento político en el Perú enfrenta un reto complejo: promover la transparencia y limitar la influencia de intereses oscuros sin asfixiar el financiamiento legítimo. Las reformas recientes, aunque bien intencionadas, han tenido consecuencias inesperadas que han debilitado la confianza en el sistema y fortalecido la presencia de economías ilegales.

Con medidas concretas y bien diseñadas, es posible equilibrar el sistema, permitiendo a los políticos obtener financiamiento de manera legal mientras se reduce la incidencia de actores ilegales. Este es un paso esencial para fortalecer la democracia peruana y garantizar que los procesos electorales sean verdaderamente representativos.