[Antes de empezar: estoy trabajando en un proyecto para CONCYTEC financiado por el British Council para diseñar un sistema de asesoría científica para el Perú. Esta opinión es personal y de ninguna manera refleja la opinión de estas instituciones ni es parte del proyecto. Además, en el pasado he sido asesor de la Comisión del Bicentenario del Congreso de la República en el 2018 y he apoyado al MIDIS y al MEF en la comunicación de las investigaciones y evaluaciones que financian.]
Yo celebro el interés de algunos investigadores e investigadoras por participar en la política pública. Me parece excelente que busquen informarla, nutrirla de ideas basadas en evidencia y acercarla, tanto como sea posible, a la ciencia – toda la ciencia.
Pienso que cuando los investigadores e investigadoras dejan los laboratorios (o las computadoras) y se involucran en la política pública pueden contribuir a fortalecerla – a las instituciones políticas, los procesos de políticas, las políticas, y al impacto que tienen.
Es por ello que me dedico desde hace más de dos décadas a estudiar y apoyar la generación, comunicación y uso de evidencia para la toma de decisiones en materia de interés público. Es por ello que ayudamos a organizar la Semana de la Evidencia en todo América Latina o promovemos el Premio PODER al Think Tank del Año en el Perú.
A medida que nos acercamos a la campaña electoral empezaremos a ver más y más investigadores e investigadoras tomando partido. Algunos con carné de membresía y todo, otros participando en los equipos técnicos de planes de gobierno y otros, más cautelosos seguramente, de manera informal y de lejos.
Esta participación será a título personal – los think tanks y las universidades seguramente guardarán una distancia prudente. Esto es correcto. Si van a contribuir a informar la campaña, debieran hacerlo con todos los partidos, todos los gobiernos. De hecho, no debiera sorprender que al interior de estas instituciones vecinos de oficina apoyen a partidos o candidatos distintos.
Nada de esto está mal.
Lo que está mal es que muy poco de esto va a ser transparente. Muchos de estos expertos involucrados en la campaña seguirán escribiendo columnas de opinión, dando entrevistas a medios tradicionales y digitales, publicando papers o documentos de trabajo, recibiendo becas o realizando consultorías sin transparentar este nuevo rol.
De hecho, muchos lo hacen actualmente. Son asesores, consultores o becarios de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, sin que el público (y muchas veces sus asesorados, clientes o benefactores) lo sepa.
¿Cuál es el problema?
El problema es que esta falta de transparencia termina debilitando las mismas instituciones que supuestamente querían fortalecer. La ironía.
Primero, debilitan a sus propias instituciones. Se presentan como investigadores de tal o cual universidad o think tank. Aprovechan la legitimidad que estas instituciones, que son parte del aparato democrático, no lo olvidemos, han generado; apelan a su credibilidad y reputaciones al momento de participar en la política. Si se pone en duda la independencia de los expertos se termina poniendo en duda, también, la independencia de sus instituciones. “¿Será que no dicen nada porque todos están detrás de ese candidato? ¿Sera por eso que no han dicho nada sobre sus propuestas de política?”
Segundo, debilitan al debate público y los espacios en los que participan (los medios, los paneles o eventos) por razones similares. Los medios se exponen a la crítica cuando no aclaran los posibles conflictos de interés de los expertos que invitan o a quienes les dan una plataforma. “Ah, pero esa experta que se presentó en el programa anoche es también asesor ade la ministra; no lo dijeron. ¿Qué ocultan?”
Tercero, debilitan la función misma de asesor o de experto. Al esconderla la cubren con un velo de sospecha. ¿Por qué no decirlo, entonces? “¿Acaso algo esconden? ¿Acaso algo esconden todos los asesores? Seguro tiene algún interés por lo bajo.”
La solución no es dejar de participar. Todo lo opuesto; espero que más investigadores e investigadoras lo hagan. La solución es ser más transparentes.
Podemos empezar con los investigadores e investigadoras. Sus perfiles, en sus instituciones, en Twitter o LinkedIn y demás, debieran pecar de exagerados en listar sus relaciones, formales e informales con actores políticos (públicos y privados). No necesariamente como he hecho yo al inicio de este artículo (no tengo mucho que listar) pero algo así; priorizando los posibles conflictos de intereses más relevantes.
Sus instituciones debieran hacer lo mismo. No creo que sea necesario separarlos o mandarlos de vacaciones. El rol de asesoría es parte de la razón de ser de los think tanks. Pero esto debe ser evidente para cualquiera visitando sus páginas, a primera vista, y esto debe extenderse no solamente a la presencia de asesores o expertos involucrados con actores políticos sino también a todas consultorías o donaciones recibidas por la institución y sus investigadores. Transparify ofrece una receta muy fácil para hacerlo.
Debemos también exigirles a los partidos, las distintas instancias de gobierno y, por qué no, a la cooperación internacional que muchas veces paga por la asesoría que recibe el gobierno, que hagan todo tipo de interacción o apoyo visible. Esto además, debe aplicar tanto para asesores nacionales como internacionales – formales e informales. Tenemos derecho a saber quién asesora a nuestros gobernantes.
Finalmente, los medios cumplen un rol fundamental en este esfuerzo por transparentar la asesoría científica. Ellos pueden exigir que sus columnistas, entrevistados o panelistas sean transparentes sobre sus relaciones, formales o informales, con la política. Si no lo hacen, no los vuelvan a invitar. Además, debieran tratar a los asesores como sujetos de investigación periodística – no fiscalizadora pero sí informativa.
PD: claro, todo esto también aplica a periodistas o comunicadores que ofrecen sus servicios, de manera formal o informal, a diversos actores políticos. Más transparencia para todos.
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