Mujeres de paz

Cuatro organizaciones de víctimas, lideradas por mujeres, han sido reconocidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco del Día Internacional de la Mujer, en mérito a su contribución permanente –aunque en condiciones adversas- a la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz durante los últimos 30 años en el país a causa del periodo de violencia que nos tocó vivir entre 1980 y el 2000. Se trata de la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las FF.AA. y la PNP (AVISFAIP), la Red de Mujeres Forjadoras de la Paz-CEAS, la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados (ANFADET-Casos CIDH), y la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP).

Desde el año 2001 se desarrolla en el Perú un proceso de justicia transicional o justicia de transición -como actualmente le denomina las Naciones Unidas-, es decir, al proceso político que se desencadena después de un conflicto interno mediante un despliegue de diversos mecanismos impulsados por el Estado, básicamente legales, que permiten resarcir los derechos de las víctimas ante los crímenes y violaciones de derechos humanos que sufrieron (Teitel, 2011). En ese proceso se conjugan una diversidad de actores estatales y no estatales, entre ellos las organizaciones de víctimas del conflicto armado interno.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)  ha señalado que durante el conflicto armado interno (CAI) se registraron casi 70 mil víctimas; las cuatro regiones más afectadas por la violencia fueron Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco, considerados los lugares más pobres del país (INEI 1994; PNUD 2002). En la región Ayacucho, se reportó el mayor número de víctimas (40%) y fue allí donde nació la primera organización en defensa de las víctimas de la violencia: la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), creada en 1983 y promovida por mujeres quechua-hablantes, madres o esposas de los primeros detenidos-desaparecidos a causa de la violencia. (Crisóstomo, 2014).

La ANFASEP[1] fue la organización más reconocida entre las regionales, debido a su trabajo de denuncia y búsqueda de sus familiares detenidos y desaparecidos con apoyo de las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación, lo que le aportó mayor visibilidad, pero no siempre obtuvo respuesta de acoger sus denuncias por parte de las autoridades. Fue recién en el 2001, al impulso del trabajo que inició la CVR, que se creó la CONAVIP, la primera organización con carácter de representación nacional. Al mismo tiempo, se activaron una serie de organizaciones regionales que fortalecieron este proceso.

Estas organizaciones, conformada en su mayoría por mujeres, intervinieron -al lado de las organizaciones de derechos humanos- en un proceso de mayor participación e interlocución con el Estado lo que permitió una contribución activa en defensa de sus derechos. Así, estas organizaciones que sobrevivieron durante el período del conflicto lograron a partir del 2000 un mayor impulso político y social hasta conseguir una interlocución con el Estado y generar políticas públicas en defensa de sus demandas, como su participación en la Ley de Reparaciones (2005) o el Programa de Reparaciones en Educación, REPARED (2012). Ello se explica en parte por un cambio generacional en las organizaciones, pero también debido a la experiencia personal y colectiva de una necesaria búsqueda de interlocución directa con el Estado, y en el proceso de reconocimiento y experiencia de su ciudadanía.

Por ello, resulta trascendental que el Estado, a través del ministerio de Justicia reconozca a las lideresas de estas organizaciones que han empezado a construir una ciudadanía activa, que busca trascender su condición de víctimas, sin abandonarla, mediante un mayor involucramiento con diversos actores políticos y sociales, para la gestión de sus demandas colocando una perspectiva de defensa de sus derechos y transformando su relación con el Estado y la sociedad.

[1] El 2018 recibió un reconocimiento del ministerio de Justicia y derechos Humanos.