Hace más de treinta años que se discute seriamente la posibilidad de crear un área marina protegida en el norte del país. La razón más elemental es que no tenemos ninguna que proteja los ecosistemas marinos tropicales que caracterizan las costas de Piura y Tumbes. Lamentablemente, tras varios años de idas y venidas esta condición no tiene visos de cambiar y la propuesta de Reserva Nacional Mar Tropical de Grau sigue estancada en el purgatorio de las indecisiones.
Para entender esta situación hay que revisar la escueta historia de las áreas naturales protegidas con espacios marinos en el Perú. La primera de ellas fue la Reserva Nacional de Paracas creada en 1975 en el departamento de Ica. Casi un cuarto de siglo después se declaró la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras que al estar basada en el antiguo sistema de protección de aves productoras de guano aportó muy poco a la conservación de ecosistemas marinos. Recién en 2015 con la creación de la Reserva Nacional de San Fernando se amplió la cobertura de protección de ecosistemas marinos.
Así llegamos al año 2019 con apenas el 0.65% del mar peruano protegido mientras que los ecosistemas terrestres alcanzan el 17.5%. Ironías aparte, tenemos más superficie de desiertos que de mar peruano en áreas protegidas. Recordemos además que la práctica totalidad de estas áreas protegidas están ubicadas en la zona de influencia de la Corriente Marina de Humboldt de aguas frías. Con lo cual la protección de ecosistemas marinos tropicales en el Perú es virtualmente nula.
¿Por qué entonces siguen pasando los años sin que ocurra mayor avance en la protección de los mares peruanos? Si bien algunas políticas públicas han sido positivas, como el tratamiento de efluentes o de aguas servidas, aún no hemos avanzado nada en dedicar partes de nuestro dominio marino al cuidado de sus recursos hidrobiológicos.
Uno podría preguntarse cómo es posible que sea más fácil ponerse de acuerdo en la designación de un área protegida en tierra firme donde por lo general hay más actores e intereses en disputa. ¿Qué es lo que nos impide crear áreas protegidas marinas cuyos múltiples beneficios están ampliamente documentados no solamente en términos de protección de biodiversidad singular o amenazada sino además por el mantenimiento de hábitats críticos para las pesquerías y otras actividades económicas como el turismo y la recreación humana?
En la raíz del problema tenemos varias aristas. Por un lado, el enjambre de competencias legales de las diversas entidades del Estado que ejercen sobre el mar peruano y cuyas visiones muchas veces entran en conflicto entre sí, lo cual por lo general resulta en ignorar el problema y seguir hacia delante como si nada. Por otro lado, es innegable la influencia (léase poder) que tienen ciertos sectores económicos para construir narrativas que promueven la idea que cualquier escollo o dificultad para sus actividades tendrá consecuencias cataclísmicas para el desarrollo y la economía nacional.
Por ello, no resulta sorprendente que, a pesar de la legítima aspiración de las comunidades locales de pescadores, los resultados positivos de los procesos de consulta y más de 100 mil firmas de ciudadanos que apoyan la creación de la nueva área protegida, el proceso de creación siga estancado.
En un par de años Perú deberá responder a la promesa de proteger al menos el 10% de la superficie de sus ecosistemas marinos adecuadamente representados en nuestro Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE). La creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau es absolutamente necesaria si es que se espera cumplir con esta obligación. Pero más importante aún es el responder a la expectativa de la población local que ve en el área protegida una oportunidad de reforzar la protección de sus medios de vida y el diversificar sus ingresos. Crear el área protegida ya no es solamente un compromiso con la comunidad mundial sino además una inversión en el bienestar de nuestras comunidades de pescadores artesanales en el norte del Perú.
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