Cuestión de confianza y memoria ciudadana

El pedido de la cuestión de confianza realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ha dividido la opinión experta entre aquellos que consideran que el mecanismo ejercido por el Ejecutivo es constitucional y aquellos que sostienen que no lo es. Más allá de la opinión experta, la ciudadanía asiste a estas encrucijadas políticas quizás sin entender mucho sobre procesos jurídicos, pero con clara convicción de que aquellas responden a luchas por el poder entre grupos partidarios que temen perder protagonismo en el gobierno, y con la posibilidad de asistir a comicios que exigirán reflexión.

En cualquier caso, según lo escrito en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Perú, el Congreso de la República o, mejor dicho, los congresistas se enfrentan a la posibilidad de ser llamados por la fiscalía para responder a denuncias varias. En efecto, si se otorga la confianza al actual gabinete se aceptan los proyectos de ley como aquel que contempla que el Poder Judicial puede levantar la inmunidad parlamentaria en casos en que se considere pertinente, como los casos de corrupción. De otro lado, de negarse la confianza, por ser la segunda vez que ocurre, el presidente del Ejecutivo puede disolver el Congreso y quedaría en funciones solo la Comisión Permanente. En este escenario, tras un mes de la disolución, los ciudadanos peruanos que fungieron como congresistas tendrán que enfrentar a la ley si tienen asuntos por los cuales responder, tal como el resto de la ciudadanía tiene que hacerlo.

La cuestión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del pedido de confianza es materia para expertos que, seguramente, en el transcurso de estas semanas irán dando sus puntos de vista. Sin embargo, es necesario decir que el escenario de estas luchas por el poder no es nuevo ni tiene por qué tomar por sorpresa a nadie que haya estado atento a los últimos acontecimientos. En otras palabras, más allá del respeto a lo jurídico, la ciudadanía, como pocas veces antes, ya se ha pronunciado, primero en un referéndum, y luego en diversas encuestas, apoyando la reforma política. El proceder del presidente Martín Vizcarra, para muchos sectores de la población, es consecuencia de ese apoyo mayoritario que le exige que busque los modos, sin destruir la gobernabilidad, de cómo hacer llegar hasta la ley la consideración particular que se tiene de la justicia. En este caso, existen pocos que estarían en contra, en principio, frente a cualquier medida que pretenda luchar contra la corrupción.

Se puede insistir que discutir sobre las formas legales y constitucionales de luchar contra la corrupción es materia de expertos y, de todos modos, función constituyente del Congreso cuyo trabajo es aprobar las leyes. Cierto. Pero con opiniones como esta solo regresamos a lo que ya se apuntó antes, que el Congreso, a sabiendas del escenario posible que pudiese emerger como el que estamos viviendo ahora, se negó a debatir los proyectos de ley de la reforma política que tienen respaldo popular. En este sentido también, aquellos que opinan sobre la inconstitucionalidad del pedido de confianza sobre la base de que contempla modificaciones a la Constitución y que, además, dicen, el Congreso ya inició su trabajo de aceptar o rechazar los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, estos olvidan que los congresistas de la Comisión de Constitución impidieron el debate en pleno, cuando era su función observar y modificar aquellos proyectos.

A la ciudadanía solo le resta observar que se cumplan los procesos jurídicos y que las muestras de poder de los partidos políticos no atenten contra las reglas del juego democrático. Ya sea para elegir reemplazos de los actuales congresistas o ya sea en los comicios del 2021, es imperativo que la memoria colectiva no olvide las encrucijadas políticas actuales al momento de emitir su voto.