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El delito de sicariato se ha incorporado a nuestro Código Penal el 2015 (artículo 108-C) con esta fórmula: “El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole”. El sicariato es un fenómeno grave que está en crecimiento, tiene un alto grado de violencia y genera un fuerte impacto social ya que la impunidad de dicho acto es generalizada, esto demuestra, por un lado, lo eficiente que es y, por otro, la precariedad institucional del Estado. El sicario garantiza "el trabajo" contratado y la impunidad del homicidio, en otras palabras, que el sistema legal no lo va a alcanzar. Y así sucede la más de las veces.
El Estado tendría que combatir el crimen organizado, no solo aumentando el número de policías en las calles, o incrementando las penas para los mayores o bajando la edad para sancionar el sicariato juvenil. Se trata, sobre todo, de fortalecer las instituciones básicas de la sociedad, de luchar frontalmente contra las mafias y las bandas criminales.
La semana anterior, tras el desalojo de ambulantes en su distrito, el alcalde de La Victoria, George Forsyth reveló que habría sicarios trujillanos tras sus pasos y que tendrían amenazados de muerte también a comerciantes del Mercado Mayorista de Frutas de La Victoria. En ese contexto, el burgomaestre se mostró indignado por la liberación de ocho detenidos por parte del Ministerio Público, ya que no se entiende por qué la fiscal Claudia Gutiérrez Aragón, quien ha solicitado licencia, habría considerado otras diligencias complementarias en lugar de proceder con la acusación por los presuntos delitos de extorsión y banda criminal.
La Fiscalía argumenta que la decisión tomada se adoptó al cumplirse el plazo legal de detención y ante la falta de información sobre la participación de la empresa 'Gruper S. A. C.' en el cobro de estacionamiento vehicular municipal, en las inmediaciones de dicho centro de abastos. El Ministerio Público anunció que la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima ha dispuesto ampliar por treinta días las investigaciones.
A su vez, el Ministerio del Interior ha comunicado que la Policía Nacional no ha encontrado “ningún indicio razonable” de la llegada de sicarios del norte.
El alcalde Forsyth ha realizado continuas operaciones en La Victoria contra la informalidad con el fin de recuperar los espacios públicos y el orden. De acuerdo al burgomaestre, en una entrevista realizada el 24 de marzo del 2019, a la fecha “la informalidad ha venido ganando muchas veces la batalla en el país, y no porque no podamos ser formales, sino por un tema de facilidad, de comodidad, de sacarle la vuelta a la norma y eso no contribuye a mejorar el Perú.” Hay actores que no había antes, líderes, ya sean fiscales, ya sean jueces, que vienen asumiendo un rol protagónico en esta lucha contra la corrupción.
Como peruanos, debemos confiar en la justicia, aunque la realidad muchas veces nos golpee la cara y el escepticismo nos deje muchas dudas al respecto. Todos sabemos que la situación en el país ya llegó a un nivel insostenible. Lo que viene sucediendo en La Victoria es tan grande, que ya dejó de ser solo una lucha “victoriana”, ahora ha pasado a ser una lucha de todo el país en la que el Perú no puede perder ante la informalidad.
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Soledad Escalante Beltrán Filósofa
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