Una necesaria y real lucha contra la corrupción en el Perú

Los diversos casos de corrupción en las altas esferas del poder público que se han evidenciado recientemente han agravado en la sociedad peruana la percepción negativa sobre el funcionamiento de las instituciones estatales. Resulta preocupante y paradójico que, a partir de casos como el de los famosos “CNM audios”, se evidencie que precisamente las propias entidades públicas que deben dedicarse a perseguir y sancionar la corrupción son las que albergan redes complejas de corrupción y criminalidad.

Si se observan experiencias comparadas exitosas en materia de lucha contra grandes redes de corrupción -como la de Hong Kong o Italia en el siglo pasado- se notará que el rol que cumplieron los aparatos persecutorios del delito fue fundamental. Sólo con un sistema de justicia independiente y altamente capacitado para investigar, juzgar y sancionar a los agentes de la corrupción se puede desarticular este tipo de criminalidad compleja, que muchas veces hecha mano de sus vínculos con sectores del poder político, jurisdiccional y económico de un país.

En el Perú, debe llamar la atención que un ex juez supremo, ex consejeros del CNM y el actual Fiscal de la Nación se encuentren involucrados en hechos que son investigados como posibles delitos de corrupción y criminalidad organizada. En efecto, dada la funcionalidad más vertical del Ministerio Público -a diferencia del Poder Judicial-, el Fiscal de la Nación debe ser aquella persona que cuente con las credenciales éticas y de trayectoria suficientes como para dirigir esta institución y asegurar que los fiscales que lleven a cabo investigaciones emblemáticas por delitos de corrupción lo harán de manera independiente en defensa de los intereses de la ciudadanía y no de grupos político o económicos. Es por ello que preocupan las informaciones de aspirantes a colaboradores eficaces y de audios que vinculan a la figura del actual Fiscal de la Nación con la supuesta organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, los cuales según la tesis fiscal también buscaban y lograron insertarse en instancias jurisdiccionales como el CNM, la Corte Suprema y el Ministerio Público.

De igual modo, se debe poner especial atención a los recientes casos e investigaciones que vinculan a partidos políticos con actos de lavados de activos provenientes de delitos de corrupción cometidos por la empresa Odebrecht. Actualmente, partidos políticos como el partido Nacionalista y Fuerza Popular se encuentran investigados por el Ministerio Público por supuestamente haber recibido dinero ilícito de mencionada empresa brasilera desde su División de Operaciones Estructuradas. Si bien es positivo que el sistema de justicia haya tomado cartas en el asunto para iniciar investigaciones al respecto, es necesario observar el avance de estas a fin de que los casos no se caigan luego de que el foco de atención público decaiga.  Según los datos de la Procuraduría Pública de lavado de activos, entre 2016 y junio de 2018, el 80% de los casos de lavado de activos que eran tramitados por el sistema de justicia se encontraban en la etapa de investigación preliminar, de tal forma que existe una marcada diferencia de casos que entran a ser investigados y los que pasan a juicio o terminan con sentencia. De esta información se podría desprender que el problema no está en que los casos de lavado de activos no sean investigados, sino que luego de ingresar al sistema de justicia, se archivan en fases tempranas del proceso.

Por último, también es relevante apuntar el papel decisivo que debe cumplir la sociedad civil en la fiscalización que realiza a sus funcionarios públicos, así como cuando emite su voto para encomendar la administración de los fondos públicos a determinadas personas. Los diversos casos vergonzosos de corrupción que han sido revelados a la opinión pública recientemente deben servir de experiencia para que los ciudadanos seamos más prudentes a la hora de decidir nuestro voto y evitar que personas con antecedentes de corrupción o vinculaciones con este tipo de actos penetren en las esferas del poder de las que luego podrían abusar en desmedro de los intereses generales. Al respecto, los profesionales del derecho también deberíamos comprometernos en la labor de capacitar a la ciudadanía en temas técnicos complejos como los referidos a los delitos de corrupción y lavado de activos, así como de la necesidad político-criminal de prevenirlos y sancionarlos. Lamentablemente, muchas veces algunos abogados defensores de personas investigadas por corrupción o lavado de activos se encuentran más preocupados en defender posturas hipergarantistas, que favorecen a sus clientes, que a aquella labor social.