Educación en emergencia

En los últimos meses el ya alicaído Sistema Educativo Peruano ha recibido tres duros golpes que lo colocan en situación de emergencia, vulnerando así el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes.

El primer golpe es la pretendida revisión del Registro de Instituciones Educativas Interculturales Bilingües, que actualmente suman alrededor de 27,000 en los tres niveles de la educación básica. El actual ministro considera que no son tales, obedeciendo de esa forma a los reclamos de docentes que no cubren los requerimientos que exige la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, el Modelo de Servicio EIB y otros instrumentos que establecen las orientaciones para que niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas puedan recibir su educación con perspectiva intercultural.

Esto implica que sus docentes dominen la lengua de la comunidad en donde se ubica la escuela, conozcan la cultura del lugar y sean capaces de trabajar con pedagogía intercultural. Criterios que muchos docentes no cumplen y entonces el remedio es negar la realidad. Asumir que en esas escuelas no hay poblaciones originarias y seguir brindando un servicio como en cualquier lugar del país ¿Acaso la educación en una pequeña localidad rural podría desarrollarse igual que en una escuela Miraflorina de Lima?

El segundo golpe viene del Congreso de la República al aprobar el Proyecto de Ley 904, que en nombre de la participación de los padres de familia y haciendo eco a los colectivos vinculados a “Con mis hijos no te metas”, le resta competencia al sector educación para la producción de textos escolares en materia de Educación Sexual Integral, contraviniendo la misma Constitución y los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes, que tiene en la educación el componente más importante para prevenir y enfrentar la violencia sexual y el embarazo adolescente.

El tercer golpe también viene del Congreso, con la aprobación de cambios en la conformación del Consejo Directivo de la SUNEDU que incluiría tres rectores entre los siete miembros, siendo éste consejo el que elegiría al superintendente. Con ello, el órgano de supervisión de la calidad universitaria estaría conformado por los que serían supervisados. Esta vez los congresistas de distintas bancadas se han unido para defender los intereses de universidades que se han resistido a invertir e introducir las mejoras necesarias para brindar una educación de calidad. Otro tanto de la resistencia a la SUNEDU viene de universidades que le huyen a la regulación en nombre de la autonomía.

La llegada de un maestro rural a la presidencia de la república significó para muchos la esperanza que la educación sería una prioridad en la agenda política. El ejecutivo tiene la oportunidad de ser firme frente a estas amenazas a la educación y defender precisamente los derechos de las poblaciones históricamente afectadas y excluidas como son: los pueblos originarios y su derecho a la EIB; las niñas, niños y adolescentes y su derecho a la Educación Sexual Integral y las juventudes universitarias y su derecho a una educación de calidad.