Normas contra el patrimonio natural ponen en peligro nuestro futuro

Entre los intereses particulares del Legislativo y la falta de articulación del Ejecutivo, los últimos meses vivimos librando batallas para proteger nuestro patrimonio cultural y natural. Solo hace unos días, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha presentado un proyecto de ley para modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas con el fin de flexibilizar los estándares ambientales y favorecer al sector hidrocarburos.

Esta iniciativa, que debilita todos los esquemas de protección de nuestras áreas naturales protegidas y de nuestro patrimonio natural, trata de una forma descarada y con nombre propio cambiar los esquemas protección e intangibilidad de las áreas más emblemáticas de nuestro sistema para abrirlas a intereses extractivistas.

De aprobarse esta propuesta, se retrocedería después de décadas de avances para proteger nuestros espacios más valiosos de biodiversidad, sobre todo teniendo en cuenta que en un país como el nuestro los derrames de hidrocarburos y los incumplimientos de estándares ambientales son comunes.

La aprobación de este proyecto de ley, además de ser inconstitucional, llevaría a incumplir compromisos internacionales. Pero más allá de compromisos legales, lo que llama la atención es que mientras el mundo avanza con cambios radicales de matriz energética, economías limpias y reducción de emisiones, nosotros –uno de los países más megadiversos del mundo y también uno de los que se encuentra en mayor nivel de riesgo frente a la crisis climática–, solo pensamos en esquemas extractivistas basados en combustibles fósiles, los cuales son señalados como nocivos.

En estos momentos, nuestro país enfrenta uno de los escenarios más fuertes de debilitamiento de la institucionalidad ambiental, y todo ello por una visión sesgada y absurda de la gestión de nuestros recursos naturales. Pareciera que el Legislativo y el Ejecutivo estuvieran identificando mecanismos para trabajar en pared porque las iniciativas siguen fluyendo desde varios frentes. Por ejemplo, aún está vigente la propuesta para modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre; la modificación de la Ley PIACI, norma que protege a los indígenas en aislamiento voluntario; y existen otras propuestas relacionadas a frenar la lucha contra la minería ilegal.

Estas iniciativas, tanto del Congreso como del Ejecutivo, están direccionadas al aprovechamiento de recursos naturales, y tratan de desaparecer o debilitar a aquellos que gestionan o protegen áreas donde se necesitan los máximos niveles de protección, y siempre tienen el argumento, o la excusa, de que servirán para el “desarrollo del país”.

Con el paso de los años, nos hemos convertido en un país que se rige por intereses de grupos económicos más que uno que protege a todos los peruanos. En este escenario de beneficios a corto plazo, todos perdemos. Y la pérdida es irrecuperable porque áreas naturales protegidas son parte de nuestro orgullo nacional, son parte de todos y cada uno de los peruanos. No negamos la importancia de los recursos que estas albergan y la necesidad de un manejo adecuado de los mismos, pero este aprovechamiento no debería realizarse en las áreas de uso indirecto, consideradas las más frágiles, de mayor biodiversidad y con mayor importancia histórica y cultural.

Además de ser perjudiciales, la mayoría de las propuestas mencionadas son inconstitucionales, sin embargo, cada vez son apoyadas con mayor fuerza por el Congreso y el Ejecutivo. La gestión de nuestros recursos naturales y la protección de los mismos se debe dar desde una mirada conjunta, debe ser la suma de los esfuerzos de todos los peruanos porque proteger lo nuestro ahora es pensar en un Perú sostenible que heredarán las generaciones futuras.