El impacto del ciclo electoral en la agenda ambiental

Las tendencias políticas y los cambios institucionales en América Latina están generando escenarios cada vez más inciertos, e incluso peligrosos, para la agenda ambiental. Los retrocesos normativos, junto con la desaparición o fusión de entidades ambientales claves, configuran una trayectoria preocupante en un contexto en el que el planeta enfrenta sequías extremas, incendios forestales, pérdida acelerada de biodiversidad y altos niveles de contaminación. Frente a crisis económicas persistentes, numerosos gobiernos han optado por profundizar la dependencia de los combustibles fósiles y promover su explotación, reforzando una tendencia regresiva que resulta nefasta en un momento crítico para la estabilidad climática y ecológica global.

A ello se suma un fenómeno particularmente preocupante: la creciente injerencia de diversos grupos de poder en la dinámica estatal y en la competencia electoral, que se superponen a las prioridades públicas y a los principios de buena administración, afectando la integridad del proceso democrático. De cara a las próximas elecciones, esta captura de decisiones se vuelve visible. Utilizando una metáfora cinematográfica, los “fantasmas” ya circulan en el escenario electoral, y uno de los más persistentes es el de la ilegalidad. Si no se adoptan medidas oportunas para contenerlo, dicho fantasma puede terminar materializándose y ejerciendo una influencia determinante, cuando no directa, sobre el rumbo institucional del país. Esta no es una advertencia abstracta: experiencias recientes en diversos países sudamericanos evidencian que este guion, lamentablemente, puede hacerse realidad.

En un contexto marcado por múltiples urgencias y una creciente complejidad social y política, resulta jurídicamente necesario precisar qué modelo de desarrollo queremos consolidar como país y cuáles son las prioridades que deben guiar la acción regional. Desde la perspectiva ambiental, es evidente que las fronteras estatales se están desdibujando: los impactos derivados de la deforestación, la contaminación transfronteriza del aire y del agua, la minería ilegal, el comercio ilícito de recursos naturales y la degradación de ecosistemas generan externalidades negativas que trascienden las jurisdicciones nacionales.

En este escenario, las decisiones internas, incluidos los retrocesos normativos, la debilitación de la institucionalidad ambiental o la flexibilización de estándares, tienden a reproducirse o a ser invocadas como precedentes por otros países, sin una evaluación adecuada de sus consecuencias. Ello convierte problemas localizados en amenazas regionales estructurales, comprometiendo obligaciones internacionales en materia de cambio climático, biodiversidad, derechos de pueblos indígenas y gestión sostenible del territorio.

Por ello, la reflexión sobre el rumbo nacional no puede desvincularse de un enfoque jurídico-regional: se requiere fortalecer la cooperación, la protección multinivel de los ecosistemas y la institucionalidad para evitar que se vulneren principios como prevención, no regresión, desarrollo sostenible que son esenciales para garantizar un adecuado nivel de protección ambiental en toda la región.

Debemos fortalecer de manera sostenida nuestra institucionalidad ambiental, garantizar la protección efectiva de nuestro patrimonio natural y cultural, y evidenciar su valor estratégico no solo para el Perú, sino para la estabilidad ecológica del planeta. Ello implica cumplir rigurosamente nuestros compromisos nacionales e internacionales y evitar quedar entrampados, una y otra vez, en disputas reactivas frente a iniciativas legales involutivas, ya sean antiforestales, contrarias a los derechos de los pueblos en aislamiento o debilitadoras del sistema de áreas naturales protegidas. En lugar de responder permanentemente a propuestas “anti”, corresponde orientar la política pública hacia la consolidación de estándares máximos de protección y hacia una institucionalidad capaz de prevenir retrocesos, asegurar la no regresión y garantizar un nivel adecuado de tutela ambiental en beneficio de todos y para todos.