La reacción policial ante la violencia contra las mujeres

Según datos de la misma Policía, solo todo el 2019 recibieron más de 120 mil medidas de protección. Estas medidas son órdenes emitidas por algún juez para que se ejerza algún tipo de protección a la mujer que denunció violencia.

¿Cuántos policías existen a nivel nacional? Grosso modo, 130 mil en todo el país, de los cuales 30 mil aproximadamente trabajan en comisarías. No es un tema de voluntad policial, pues sé que la hay. Los números ya no alcanzan.

Muchas medidas de protección son poco más que un saludo a la bandera. La Ley 30364 contempla medidas como el alejamiento del agresor. Esto se ordena por sentencia como una forma de proteger a la víctima. Sin embargo, debido a la imposibilidad de asignar un policía para cada mujer con medida de protección, cumplir ese alejamiento queda a la voluntad del propio denunciado que la agredió. Es necesario evaluar otras opciones, como los grilletes electrónicos mediante una Asociación Público Privada que el propio Ministerio del Interior o de la Mujer puede formular.

Dentro de cada comisaría, las denuncias de violencia contra las mujeres se reciben en la sección Familia. Trabajar ahí no es un puesto anhelado por los efectivos policiales, especialmente los hombres. No da prestigio ni puntos para el ascenso. Es más, suele ser tomado como un puesto de “castigo”.

Los efectivos que atienden denuncias de violencia deberían pasar por procesos de selección distintos a los tradicionales. Junto con la evaluación de conocimientos y normas relevantes, es vital que se evalúe su nivel de sexismo y estereotipos contra mujeres y víctimas de violencia. Un estudio* en España mostró que los policías que están dispuestos a intervenir de oficio en agresiones de violencia contra las mujeres son aquellos que tienen menos niveles de sexismo.

No desmerezco el trabajo de los efectivos de la sección Familia. He conocido a muchos de gran valor. Pero creo firmemente que la Policía debe generar nuevos incentivos para mejorar la atención en comisarías.

Lograr esos incentivos pasar por reflejar la importancia de la violencia contra las mujeres dentro del organigrama del Ministerio del Interior y de la Policía. Actualmente, este tema está diluido en el organigrama de ambas instituciones. En la Policía, es una sub dirección (División) dentro de la Dirección de Seguridad Ciudadana. En el Ministerio, está dentro de una dirección del mismo nombre.

Adaptar la organización de estas entidades es más que una formalidad. Implica que la lidere alguien con mayor rango, presupuesto y llegada a la Alta Dirección. Una de sus primeras tareas debería ser la redefinición de las capacitaciones en violencia contra las mujeres que reciben los policías.

No faltan capacitaciones. Se capacitan a jueces, fiscales, defensores y, por supuesto, policías. El problema es que son poco efectivas. El Estado capacita como metralleta pues su indicador es el número de funcionarios capacitados, cuando en realidad debería emplear un indicador que mida la mejora en la atención, la reducción de actitudes sexistas en policías y la solidez de las investigaciones.

Un programa de capacitación efectivo que cambie actitudes y estereotipos podría ser “franquiciado” y llevado a nivel nacional. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debería liderar este esfuerzo.

La Policía no es una institución fácil de gestionar, menos de reformar. Pero eso es lo que necesitamos. Especialmente porque no es aceptable que los problemas más frecuentes que ve Asuntos Internos en el Ministerio del Interior son dos: policías con consumo de alcohol y policías que agreden a sus parejas, ambos factores de riesgo de agresión de pareja y feminicidio. Empecemos por casa.

Por último, en el mediano plazo, ninguna política tendrá sentido si no atendemos el síndrome de agotamiento profesional en policías. Es una forma de estrés que reduce la respuesta policial y que aparece porque todos los días reciben casos de violencia duros y complejos que psicológicamente es imposible de procesar. Nadie lo aguantaría.