¿Más cárceles o qué?

“Que se pudran en la cárcel” es una respuesta común de ciudadanos, autoridades y políticos ante quienes cometen delitos, por más pequeños que sean. Esta respuesta, propia de lo que se conoce como populismo punitivo, se contradice con que en realidad la mayoría de esos ciudadanos, autoridades y políticos está en contra de que se construyan más establecimientos penitenciarios para albergar a quienes desean encarcelar. Tremenda paradoja.

Lo cierto es que toda sociedad necesita cárceles. Y en el Perú, esto es más que cierto. Contamos con 69 establecimientos penitenciarios, pero requerimos muchos más para albergar a los internos que no queremos ver en la calle. Para ilustrarlo, veamos las cifras de victimización y población penal: En el Perú, la victimización es alta y eso genera una alta proporción de posibles y futuros encarcelamientos. Según la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos del INEI (2017), aproximadamente 1 de cada 4 peruanos ha sido víctima de algún hecho delictivo en los últimos doce meses. Esta proporción de victimas viene en caída desde el 2010, año en que el INEI empezó a medir la victimización. Sin embargo, pese a la caída constante, es una tasa bastante alta. De hecho, es de las más altas en América Latina, según datos del Latin American Public Opinion Project.

Pero mientras que la victimización ha venido cayendo, la población penal ha ido en aumento constante. A julio del 2018, había 88,423 personas recluidas en algún establecimiento penitenciario a nivel nacional. Pero, ¿88 mil y tantos reos son pocos o muchos? No parecen ser pocos. A nivel Sudamericano, somos el tercer país con más reos. Según datos del World Prison Population List, contamos con 270 internos por cada cien mil habitantes. Nos supera Brasil (324) y Uruguay (321), y estamos lejos de Bolivia (156). Solo como referencia, Japón, un país de bastante desarrollo tiene 41 reos por cada 100 mil habitantes.

En el Perú, la variación del número de reos en el tiempo muestra una cara más preocupante. Según datos del INPE, hace veinte años, en 1998, había 26,059 reos. Diez años después, en el 2008, se registraron 43,286 reos. Si tenemos en cuenta los 88 mil reos al cierre del 2018, la variación muestra una progresión clara: en el Perú, el número de reos ha tendido a duplicarse cada diez años. Debido a su ritmo acelerado de crecimiento, es muy probable que la población penal se duplique en tiempos cada vez más cortos.

¿Qué hacer? Una respuesta simple es construir más cárceles. Suena simple, pero no lo es. Solo entre julio del 2016 y el mismo mes del 2018, se registraron 8,447 nuevos reos. Ninguna cárcel en el Perú tiene esa capacidad de albergue. La más grande, Lurigancho, tiene una capacidad de albergue de 3,204 internos, aunque en realidad contiene al triple. En otras palabras, el Estado debió haber construido tres entidades como Lurigancho para poder albergar a las personas que nuestro sistema de justicia encarceló entre julio del 2016 y 2018.

Necesitamos más establecimientos penitenciarios, pero no como los que ahora administramos. A los problemas de infraestructura acá reseñados se le suman el hacinamiento, la escasa efectividad de la resocialización, la falta de personal y las insuficientes capacidades técnicas de quienes la llevan a cabo, la escasa seguridad de muchos reos, las condiciones insalubres en las que viven, la extensión de la población penal sin sentencia (41%), entre otros temas.

La gestión privada de las cárceles ha dado resultados positivos en otros países, incluyendo a Chile. La gestión estatal digna de los mismos también funciona muy bien en otros países (esencialmente, los europeos). Es cuestión de voluntad, estándares adecuados y gestión.

La cárcel no es la única ni necesariamente la mejor salida ante la delincuencia. La reclusión suele elevar, en lugar de reducir, la probabilidad de reincidir. Además, queda claro que difícilmente podremos construir tres Lurigancho cada tres años para albergar a los nuevos reos que “producimos” como sociedad.

Hay salidas alternativas y complementarias. Para muchos delitos menores, la prevención es mucho más efectiva, al igual que los programas de tratamiento “en casa” (medio libre). Lamentablemente, medidas de este tipo siempre se toparán con ese sentir ciudadano y político de que mejor es que se “pudran en la cárcel”, en lugar de evitar que delincan.