En una entrevista con el programa 'Nada está dicho' de RPP, el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, cuestionó a la empresa Southern y al Gobierno por no explicar a la población de la provincia de Islay los beneficios del proyecto minero Tía María.
El exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, criticó a la empresa Southern Perú Copper Corporation, del Grupo México, por la forma en que ha gestionado el proyecto minero Tía María, en la región Arequipa.
En una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, consideró que el primer responsable de la suspensión del proyecto en la provincia de Islay es la misma compañía extractiva, debido a que no realizó "un trabajo social importante", después de que fuera paralizado en la gestión de Ollanta Humala por las violentas protestas y enfrentamientos entre los opositores y la Policía Nacional.
"La empresa sabe que no tiene una buena historia y reputación", dijo, en alusión a sus antecedentes. De hecho, Southern tiene una serie denuncias por contaminación ambiental en las regiones de Tacna y Moquegua, además de las multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). "La gran pregunta es qué ha hecho la empresa en este periodo para realmente convencer a la población", comentó.
Alonso Segura manifestó que un sector de los habitantes de la zona de influencia del proyecto "tiene preocupaciones genuinas y es el que tenía que ser atendido por la empresa y el Estado para explicar los beneficios" de la iniciativa minera. "Y ha habido tiempo para hacerlo, más de tres años, pero esa labor no se ha hecho", cuestionó.
El exministro de Economía y Finanzas agregó que no se puede otorgar una licencia para la construcción de una mina "por más que tengas todos los requisitos legales para hacer el trabajo".
El proyecto Tía María requerirá una inversión de 1.400 millones de dólares para una mina a tajo abierto y se calcula que generará 1.500 millones de dólares en canon. Las autoridades regionales y los agricultores del Valle de Tambo creen que la mina dañará el ecosistema, los recursos hídricos y sus cultivos, por lo que solicitaron al Gobierno de Martín Vizcarra la anulación de la licencia de operación.
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