El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, reveló que al año el Estado gasta entre S/15 a S/17 millones en abogados que litigan contra los jubilados o sus familiares en los fueros judiciales.
Los jubilados también estuvieron presentes en el Mensaje a la Nación de 28 de julio. El presidente Martín Vizcarra le dio 15 días a la ONP para presentar un plan de descarga procesal en favor de los jubilados que pugnan por una pensión en los fueros judiciales.
Solo en abogados que litigan con los jubilados o sus familiares, el Estado gasta al año S/17 millones. Mientras que otorgarle una pensión de S/850, el tope máximo en la ONP, a los viejitos que pelean en el Poder Judicial costaría S/50 millones, según el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera.
“Serán S/50 millones en un contexto como este no es poco, pero yo creo que acá más que hablar de los procesos, tenemos que acostumbrarnos que los procesos cuando tú le pides algo al Estado el Estado no te puede decir oye no, no ándate al Poder Judicial a partir de esto porque yo no tengo mi sistema”, anotó.
Los casos que llegan al Poder Judicial son muy similares y, según Macera, mejorando los procesos en la ONP podrían ser resueltos en meses. Básicamente, tienen que ver con la necesidad de haber cotizado 20 años para solicitar una pensión, demandas por el bono de reconocimiento y pensiones de sobrevivencia para los familiares.
Agilizar procesos
“Son procesos muy similares los que se siguen, son dos o tres tipos de casos nada más, con consideraciones muy parecidas, que se podrían con un sistema operativo digital y algo de voluntad política también estandarizarlos y que se resuelvan todo en administrativo, no judicial y en vez de tomar cinco años, se podrían tomar dos o tres meses”, comentó.
Sin embargo, Macera considera que la ONP debería pasar por un proceso de reforma más profunda. Advirtió, por ejemplo, que dos tercios de los afiliados al sistema público no recibirán pensión porque no alcanzan los 20 años de aporte.
“Normalmente las personas que han podido estar menos tiempo en el sector formal, son las que tienen mayores condiciones de pobreza y son los que van a estar en los 10 años, de aporte 15 años de aporte, 16 años de aporte y esa plata ellos nunca la van a ver y más bien los que tienen 25, 30, 40 años que han aportado están siendo financiados con el dinero de los que no pudieron demostrar los años de aporte”, lamentó.
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