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El 10 % de comerciantes del emporio comercial de Gamarra admitió haber sido víctima de extorsión y amenaza directa, según la I Encuesta de Seguridad Ciudadana Gamarra 2024 realizada por la Asociación Gamarra Perú.
De acuerdo con la "I Encuesta de Seguridad Ciudadana Gamarra 2024" realizada por la Asociación Gamarra Perú, el 87,9 % de los empresarios afirmó haber sido víctima de algún tipo de delito en los últimos 12 meses.
Entre los delitos más frecuentes, el robo se destaca con un 71,7 % de incidencia, seguido por la extorsión y las amenazas directas con un 9,1 % cada uno. Además, un 10,1 % de los encuestados mencionó haber sido víctima de otros medios delictivos.
No obstante, solo el 39 % de las víctimas decidió presentar una denuncia ante las autoridades, mientras que el 61% prefirió no hacerlo. De aquellos que denunciaron, apenas el 6.1 % obtuvo una respuesta o solución efectiva, lo que evidencia la insatisfacción con el sistema de justicia y la falta de acciones concretas para frenar la delincuencia.
Aumentos de gastos por seguridad
Este ambiente de inseguridad ha llevado a que un 81 % de los empresarios haya incrementado sus gastos en seguridad para proteger sus negocios, lo que implica una carga económica adicional para un sector ya golpeado por diversos factores externos.
En cuanto a las responsabilidades para mejorar la situación, el 47.7 % de los encuestados considera que la presidenta Dina Boluarte debe liderar la solución a la inseguridad en el país. El 18,7 % señala al ministro del Interior como principal responsable, mientras que el 12,1 % apunta al Congreso de la República y el 21,5 % restante menciona a otras autoridades o instituciones.
Estos resultados reflejan la urgente necesidad de implementar políticas de seguridad efectivas y mejorar la respuesta de las autoridades frente a la delincuencia, que está afectando gravemente el desarrollo económico y social del emporio textil más grande del Perú.
La otra cara de la inseguridad ciudadana: Bodegas del país víctimas del cobro de cupos y otros delitos
En lo que va del año, la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) ha registrado casi 10 mil casos delincuenciales, en su mayoría por cobro de cupos. Es decir, las bodegas se ven obligadas a pagar a criminales para que los dejen trabajar. ¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué las bodegas siguen siendo blanco de la inseguridad? Te lo contamos en el siguiente informe de Valeria Fuertes.
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Geraldine Hernández Periodista de economía
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