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por Sandra Loise
·A dos años del derrame de petróleo vinculado a Repsol, la Defensoría del Pueblo invocó a las autoridades a continuar con las acciones de evaluación y supervisión ambiental y sanitaria en los sitios afectados.
Este lunes, 15 de enero, se cumplen dos años del derrame de petróleo ocurrido frente al mar de Ventanilla, lo cual es considerado como uno de los peores desastres ambientales de la historia nacional reciente.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo exhortó al Poder Ejecutivo a continuar con las acciones de evaluación, supervisión ambiental y sanitaria en los lugares afectados. Asimismo, invocó a las autoridades a garantizar los derechos de la población que se vio perjudicada por la contaminación petrolera.
Tareas pendientes
El pedido se hace tras el comunicado conjunto emitido en diciembre último por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción, en el que se informó que aún persistía la contaminación ambiental en determinados puntos, y que 25 playas de uso recreacional mantenían la condición de afectadas.
Cabe indicar que, el pasado octubre , la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de la Producción disponer medidas restrictivas respecto a la pesca artesanal y de productos hidrobiológicos en la zona afectada, teniendo en consideración las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), así como difundir información al respecto. Sin embargo, no se habría recibido respuesta de dicho sector.
A ello debe sumarse que, en diciembre último, venció el plazo para la implementación del Plan Post Declaratoria de Emergencia Ambiental para el seguimiento de las acciones de rehabilitación y recuperación ambiental de la zona marino costera, que involucraba la participación de diversas instituciones.
En materia de identificación de personas afectadas, la Defensoría del Pueblo informó que ha participado en 13 reuniones desarrolladas hasta la fecha como parte de la mesa de diálogo instaurada por la PCM, donde se recomendó la elaboración de un cronograma detallado de las actividades a realizar para la elaboración de la propuesta de los criterios de identificación a cargo del Ejecutivo.
Respecto al proceso de compensación, durante el año pasado, la Defensoría del Pueblo señaló que participó en seis reuniones con 9 organizaciones de pescadores y comerciantes, y que se propuso al Ministerio de Energía y Minas hacer modificaciones al decreto emitido por dicho sector, a fin de lograr que el proceso de compensación garantice una reparación integral y un trato justo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de continuar supervisando las acciones estatales destinadas a atender los impactos ambientales y sociales del derrame del 15 de enero de 2022; así como insistir en las recomendaciones que correspondan para la protección de los derechos fundamentales de la población afectada.
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Sandra Loise Periodista
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