La Secretaría General de Fiscalía de la Nación ordenó, además, que, en caso haya personal en dichas instalaciones, “se debe requerir que se retiren de las mismas” y se verifique “que no lleven documentación vinculada a las investigaciones”.
El interino fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso restringir el ingreso a las diferentes oficinas del Ministerio Público tras la suspensión por seis meses de la fiscal suprema Patricia Benavides, acusada de liderar una organización criminal.
En un oficio que remitió la secretaria general de la Fiscalía de la Nación, Fiorella Casique, al gerente de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del organismo público, Edgar Peralta Lino, se señala que “de manera urgente e inmediata” se restrinja el acceso del personal a las oficinas del Despacho de la Fiscalía de la Nación, de los asesores de dicho despacho, del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y del Área Especializada de la Fiscalía de la Nación en Denuncias contra Magistrados.
"En el caso que se encuentre personal fiscal o administrativo en las instalaciones mencionadas, se debe requerir que se retiren de las mismas hasta nuevas indicaciones del Despacho de la Fiscalía de la Nación, verificando que no lleven consigo documentación vinculada a las investigaciones y/o documentos institucionales, y dejar constancia que corresponde", dice la misiva.
Según fuentes de RPP, Pablo Sánchez Velarde declinará este lunes 11 al cargo y cederá la posta a Juan Carlos Villena.
Suspensión temporal y su defensa
En vísperas, la Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ), suspendió por seis meses a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como parte del procedimiento disciplinario inmediato que le abrió el pasado 28 de noviembre a raíz de la investigación a su entorno por presuntamente conformar una red criminal que ella lideraría.
La situación de Patricia Benavides se tensó más cuando decidió cesar a la fiscal Marita Barreto del liderazgo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), el cual indaga el caso que la involucra.
La suspendida fiscal suprema tachó de "complot político" la decisión del JNJ y acusó a la entidad de no respetar el debido proceso.
"Reafirmo y reitero: no tengo responsabilidad en los hechos imputados a terceras personas y no lidero ninguna organización criminal", aseguró en un pronunciamiento.
Te recomendamos
Comparte esta noticia